El Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) ha denunciado un nuevo intento de promover la minería metálica en El Salvador, esta vez a través de un ingeniero australiano que habría ofrecido apoyo económico a organizaciones y comunidades en la zona norte del país, a cambio de respaldo público a la industria extractiva.
Ricardo Navarro, presidente de CESTA, dio a conocer en una entrevista radial que el extranjero se presentó como un profesional con intenciones de colaborar con causas ambientales, pero que en realidad buscaba ganar terreno para fomentar la actividad minera.
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“Con esto de la minería, hay un señor de Australia, es ingeniero de la Universidad de Sídney. Este señor anda aquí en El Salvador ofreciendo dinero para que lo apoyen en asuntos mineros. Trató de acercarse a nosotros”, expusó Navarro.
La organización ambientalista ha alertado a la población sobre la presencia de intereses extranjeros que, en palabras de Navarro, “se están metiendo de lleno con la minería”.
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Según relató, el promotor minero también intentó contactar a grupos ambientalistas en San Isidro, departamento de Cabañas, una zona históricamente afectada por conflictos relacionados con la industria minera.
“Allá también lo rechazaron, pero ya consiguió gente. Claro, si usted llega a un lugar y les dice que va a pagar por promover la minería, la gente más pobre va a aceptar”, añadió.
Esta situación ocurre en un contexto en el que el gobierno salvadoreño ha dado pasos concretos hacia la reactivación de la minería metálica, tras derogar en 2024 la ley que la prohibía desde 2017.
La nueva normativa establece que las operaciones mineras deben realizarse en asociación con el Estado, lo que ha generado preocupación entre organizaciones ambientalistas, comunidades y líderes religiosos.
Un mes antes, la Iglesia Católica había presentado una petición formal ante la Asamblea Legislativa para derogar la nueva Ley de Minería Metálica, respaldada por más de 150,000 firmas ciudadanas. Sin embargo, la propuesta ha sido ignorada por los diputados oficialistas, lo que ha sido interpretado por sectores críticos como una muestra de falta de apertura al diálogo.
Desde CESTA se insiste en que los proyectos mineros representan una amenaza grave para el medio ambiente y la salud pública, debido a que estos proyectos aportan, en el mejor de los casos, diez años de vida útil, tiempo en el cual compiten por la disponibilidad de agua con las comunidades cercanas, y posteriormente dejan un legado de contaminación que se extiende por décadas.
Los expertos señalan que la minería metálica genera “zonas de sacrificio”, caracterizadas por la deforestación, la remoción masiva de suelos, la contaminación con metales pesados y la alteración de los mantos acuíferos.
Esto, en un país como El Salvador, que enfrenta estrés hídrico y una creciente crisis de acceso al agua potable, podría resultar en un colapso ambiental.
Navarro, quien ha sido criticado por supuestamente oponerse al desarrollo, rechaza los señalamientos con argumentos personales y técnicos.
“Cuando tenía unos 12 años y andaba a caballo, si encontraba una casita por ahí y pedía agua, sacaban su cantarito con un huacalito de morro. Era agua que sabía a agua. Ahora, vaya al hotel más pintado, es agua envasada con micropartículas de plástico. Entonces, ¿estamos avanzando o retrocediendo?”, reflexionó.
El presidente del CESTA también señaló posibles conexiones del ingeniero australiano con figuras del oficialismo. “En la página web de ese señor (redes sociales) tiene 67 amigos. Entre ellos están Emerson Bukele, Nayib Bukele, una diputada de Nuevas Ideas y representantes de empresas transnacionales”, aseguró.
Además, en la red social LinkedIn, el extranjero se presenta como promotor de una nueva corporación minera que busca atraer inversión internacional con la premisa de que “en El Salvador se respira oro”.
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Hasta el momento, al menos dos empresas extranjeras han mostrado públicamente su interés en operar en el país. Ambas compañías estarían evaluando oportunidades de inversión luego de la entrada en vigor de la nueva ley minera.
El presidente Nayib Bukele ha defendido esta política comparando la situación de El Salvador con la de países como Israel, que desarrollan minería pese a tener limitados recursos hídricos. “¿Dónde no hay minería?”, cuestionó en una de sus conferencias. A lo que Navarro respondió: “¿Dónde hay un país con minería y sin protestas? Aun en países grandes como Bolivia, donde el impacto podría ser menor, hay protestas”.
Según estimaciones ambientales, El Salvador tiene una concentración promedio de un gramo de oro por tonelada de roca molida. Esto significa que por cada gramo de oro extraído se genera una tonelada de residuos contaminados con cianuro y otros compuestos tóxicos.
“Cada vez que llueve, vamos a tener agua contaminada”, advirtió el ambientalista.
CESTA concluyó con un llamado a la defensa del medio ambiente no es un obstáculo al progreso, sino una condición indispensable para garantizar el bienestar y la salud de las futuras generaciones.
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