“Como una medida autoritaria”. Así calificaron abogados y defensores de derechos humanos la instalación de cercos militares en el país por el gobierno de Nayib Bukele.
Desde la madrugada de este 24 de diciembre, las comunidades Tutunichapa y La Granjita, de San Salvador, están bajo el dominio de agentes militares y policiales. Anteriormente, se ejecutó esta medida en Comasagua y Soyapango.
Al respecto, el abogado penalista y docente de la UCA, Oswaldo Feusier, dijo a El Diario de Hoy que una característica básica de cualquier régimen autoritario es “responder a cualquier problema reacción o disidencia, con el tema de las fuerzas armadas”. A su juicio, esto es precisamente lo que el oficialismo salvadoreño está haciendo en estas comunidades.
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“Desde el momento en que se cuenta con las fuerzas militares como mecanismo primario y permanente en la vida pública, la medida adquiere características típicas de un Estado autoritario que busca resolver todos sus principales problemas con las armas, la milicia, la violencia armada y el ejército”, indicó Feusier a este medio.
“Detenciones basadas en apariencias y actitudes”
De igual manera opinó Otto Flores, director de la organización de sociedad civil “Los siempre sospechosos de todo”, quien señaló que por la forma en como ha sido implementado esta medida, “es autoritaria”.
Seguido de eso, el especialista en derecho penal justificó que “dentro de los procesos que yo he podido estar trabajando dentro del régimen de excepción y del cerco militar de Soyapango, he podido comprobar que las detenciones realizadas se han basado simplemente en hechos como apariencias o actitudes, pero no existen elementos probatorios que justifiquen la detención de algunas personas”.
Según Flores, las capturas dependen de criterios “pocos definidos y no claros” del agente policial o del soldado que está realizando las revisiones dentro del territorio militarizado.
El experto explica que “estos decretos prácticamente son una orden presidencial” y lamenta que no establecen parámetros para dar seguridad jurídica.
Con cercos, "autoritarismo se consolida"
Por su parte, la defensora de Derechos Humanos, Celia Medrano, manifestó que durante esta militarización “el autoritarismo se consolida, haciendo de la ilegalidad e inconstitucionalidad una norma”.
Medrano consideró que seguir hablando de régimen de excepción “es una burla”, puesto que no hay nada de excepcionalidad tras casi un año consecutivo en una realidad en que se ataca y criminaliza a las voces y fuentes que siguen advirtiendo a la población de que “la supuesta calma que se asegura es un resultado obedece más bien a la continuidad de pactos, acuerdos y entendimientos con los grupos criminales contra los que se proclama estar en guerra”.
“¿A qué costo la población está dispuesta a mantener una falsa tranquilidad? ¿Al costo de preferir ignorar u obviar que elites criminales les gobernarían?”, se preguntó.
Por su parte, el abogado y comunicador, Mauricio Maravilla, opinó que “los cercos militares son una puesta en escena del músculo represivo que al presidente Bukele le gusta mostrar un día sí y al otro también”.
“Ahora se trata de zonas con un alto estigma, pero no podemos descartar que luego se militarice zonas en las que estén en disputas proyectos de infraestructura o económicos. También pueden leerse en código de experimento social”, concluyó.