El despliegue militar que desde este sábado se ve en el municipio de Soyapango no es un cerco militar sino una militarización, aseguró un general de brigada, en situación de retiro, quien pidió reserva de identidad.
El general dijo tener serias dudas de que la Fuerza Armada tenga la capacidad, en cuanto a recursos humanos, de emplear 8,500 elementos en un solo municipio, tal como lo aseguró ayer en la madrugada el presidente de la República, Nayib Bukele.
El militar retirado también hizo una valoración en cuanto al despliegue: es una pantalla (demostración) la que están tirando en ese municipio, afirmó, estimando que a lo sumo, serían unos 3,000 elementos militares que han sido movilizados.
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En ese mismosentido es la apreciación de la diputada Anabel Belloso, del partido FMLN.
“Considero que este gobierno sigue manejando el tema de seguridad desde una perspectiva de estrategia publicitaria y de propaganda. Generando percepciones”, afirmó la legisladora.
Belloso también sostuvo que en este gobierno se está “militarizando cada vez más la seguridad ciudadana, algo que se había regulado posterior a la firma de los Acuerdos de Paz.
“Si de verdad en algún momento cercan e impiden el libre tránsito, estarían violando otro derecho que al menos con el régimen de excepción que ellos han aprobado, no está suspendido”, afirmó Belloso quien también dijo que es una manera de estigmatización para el municipio.
Por su parte, diputada de Vamos, Claudia Ortiz, afirmó que recurrir a la militarización es propio de los líderes autoritarios.
“Los líderes autoritarios siempre tienen buenas excusas para militarizar un país. Buen ejemplo tiene en Nicaragua. Queremos justicia y seguridad, pero… ¿Quién es la encargada de la seguridad pública? Es la PNC, no la Fuerza Armada”, afirmó.
En opinión de Ortiz, no es casualidad que se esté usando tantos recursos para fortalecer no a la Policía Nacional Civil, sino a la Fuerza Armada.
“¿La Fuerza Armada va a determinar la inocencia o la culpabilidad de un detenido? No. Para eso se necesita una Fiscalía y una Corte Suprema de Justicia independientes, pero sabemos que no las hay”, dijo Ortiz.
“Dejar la seguridad pública en manos de la Fuerza Armada y de un sistema de justicia plegado al poder ya le ha causado al país detenciones arbitrarias, muertos en los penales, anulación del derecho de defensa. Queremos seguridad, pero no a costa del miedo de la gente honrada”, puntualizó.