EHC debería haber recuperado su libertad el pasado 13 de diciembre, cuando el Juzgado de Menores de Usulután ordenó su inmediata libertad, en cumplimiento a la resolución dictada por la Cámara de Menores de San Miguel, pero hasta este lunes, la Dirección General de Centros Penales (DGCP) se ha negado a dar cumplimiento a la orden judicial, según el Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS) que ha apoyado a la familia en su lucha por conseguir la liberación del joven.
El Diario de Hoy gestionó la versión oficial sobre este caso a la Dirección General de Centros Penales, sin embargo, no hubo respuesta.
EHC se convirtió en el primer menor de edad condenado a 10 años de prisión, capturado bajo el régimen de excepción, en vigencia desde el 27 de marzo de 2022 luego de que el gobierno actual fuera incapaz de controlar una ola de homicidios que en tres días causó más de 80 asesinatos.
Al 3 de julio de 2022, cuando EHC fue capturado, este aún era menor de edad, tenía 17 años, y fue arrestado junto a 24 adultos más en la isla El Espíritu Santo, jurisdicción de Puerto El Triunfo, departamento de Usulután, por una patrulla de miembros de la Fuerza Naval, hoy Marina Nacional, al mando del sargento Ángel Montesinos.
El pasado 25 de octubre, el Juzgado de Menores de Usulután, dictó sentencia contra EHC: le impuso 10 años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas, es decir, pertenecer a un grupo de pandillas, a pesar de que en la Isla Espíritu Santo no existen esos grupos, según refieren lugareños y miembros del CIS, que lleva aproximadamente 25 años trabajando en apoyo a miembros de esa comunidad.
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De acuerdo con miembros de CIS y familiares de EHC, la sentencia contra el menor fue emitida a pesar de que los abogados defensores advirtieron al juzgado sobre una serie de contradicciones, inconsistencias y mentiras plasmadas en el proceso judicial, desde el momento de la captura.
Mentiras y contradicciones
Las falsedades en la acusación contra EHC comenzaron desde que el sargento Montesinos aseguró que había sido capturado junto a seis hombres más que estaban reunidos en una cancha de fútbol. Según familiares, el menor fue capturado en su vivienda, cuando se disponía a cenar luego de su jornada diaria de trabajo.
Además, el sargento Montesinos dijo bajo juramento ante el juez de la causa, que vio al grupo de hombres que se corrieron cuando notaron la presencia de la patrulla de militares.
Montesinos también le dijo al juez que días antes, en un operativo por unos manglares, vio a esos mismos hombres, capturados el 3 de julio de 2022, entregando comida a miembros de la pandilla 18 Sureños.
Familiares y vecinos de EHC contradicen la declaración del sargento, y se preguntan por qué no fueron capturados en esa ocasión y presentaron como pruebas los supuestos alimentos.
No obstante lo dicho por Montesinos, el agente de la Policía Nacional Civil que firmó el acta de detención afirmó bajo juramento que fueron vecinos de la isla Espíritu Santo quienes delataron a los seis capturados.
Otra de las inconsistencias dichas por Montesinos es que afirmó que fue él quien le decomisó el teléfono celular a EHC, pero el agente que firmó el acta de captura dijo que él se lo extrajo de la bolsa del pantalón.
Montesinos también dijo bajo juramento que en la isla El Espíritu Santo había presencia de la Pandilla 18 Sureña, pero un perito forense ofrecido por la Fiscalía, para analizar el contenido del teléfono de EHC, aseguró bajo juramento que el joven era simpatizante de la MS-13 basándose en una imagen que halló en el aparato.
El juez “se lo creyó todo”
A pesar de tantas contradicciones, el juez condenó a EHC a pasar 10 años en prisión.
Sin embargo, los abogados del menor, actualmente de 19 años, apelaron la sentencia ante la Cámara de Menores de San Miguel, que realizó la audiencia el pasado 7 de diciembre.
La Cámara dio la razón a los abogados, revocó la sentencia y ordenó al mismo juzgado de Usulután, que ordenara la inmediata libertad de EHC. El juzgado entregó la carta de libertad el pasado 13 de diciembre, sin embargo, el joven aún continúa en una cárcel de Ilobasco.
De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, en los próximos días, los abogados de EHC harán algunas gestiones en la Fiscalía, siempre relacionadas al caso, y luego interpondrán un recurso de hábeas corpus (exhibición personal) ante la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con organizaciones activistas de derechos humanos, son decenas de casos de personas que llevan meses privadas de libertad ilegalmente por las autoridades de Centros Penales, que se niegan a cumplir las órdenes judiciales de ponerlos en libertad.