Un pilar de los Acuerdos de Paz de 1992 fue que los cuerpos de seguridad (la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Armadas) ejercieran su labor de forma apartidaria y apolítica, no deliberante y respetuosa de la Constitución y del poder civil.
Si bien en gobiernos anteriores hubo intentos aislados de desnaturalizar a estos cuerpos y usarlos para provecho político, en el gobierno de Nayib Bukele la práctica es sistemática.
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Los cuerpos de seguridad se han prestado a ser, en ocasiones, el brazo armado de abusos de poder y caprichos políticos.
El ejemplo más visible de esta politización se dio el fatídico 9 de febrero de 2020, cuando policías y militares acompañaron a Nayib Bukele a tomarse el Palacio Legislativo para presionar a los diputados de mayoría opositora por un crédito.
Un día después, la Sala de lo Constitucional legítima les emplazó y les ordenó abstenerse de participar en la política. Pero bajo Nayib Bukele, volverían a asumir un rol protagónico en asuntos políticos.
Además, la Policía auxilió el golpe del 1 de mayo de 2021 a la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía. Después de que los diputados impusieran ilegalmente a abogados afines en estas instituciones, fueron agentes de la PNC quienes cercaron las sedes de estas instancias para permitir el ingreso de los funcionarios recién impuestos.
Régimen de excepción: Cien días de violaciones a derechos humanos
Más recientemente, han sido los cuerpos de seguridad quienes han capturado a decenas de miles de salvadoreños en el marco del régimen de excepción. Dentro de estas masivas capturas, hay cientos de denuncias de arrestos arbitrarios y señalamientos de que los agentes tienen "cuotas" por cumplir. Estas detenciones ilegales suponen la principal fuente de denuncias de abusos a derechos humanos desde el 27 de marzo que se decretó la suspensión de derechos fundamentales.
Con la politización de los cuerpos de seguridad, los detractores del gobierno están cada vez más vulnerables. Especialmente si del otro lado, encuentran a fiscales y jueces politizados y no hay una Sala de lo Constitucional apartada del poder que tutele sus garantías.