La ciudadanía salvadoreña presentó 83 denuncias de diferentes instituciones públicas ante la Corte de Cuentas de la República (CCR) hasta mediados de septiembre de este año. Las alcaldías son las más denunciadas tanto en 2024 como lo fueron en 2023.
Según información de la CCR, del 1 de enero al 15 de septiembre de 2024 recibió 83 denuncias a diferentes instancias gubernamentales entre ellas a alcaldías, autónomas, centros escolares, hospitales y ministerios.
El Diario de Hoy solicitó mediante acceso a la información pública la cantidad de avisos o denuncias que recibió la Corte, tanto de forma virtual como presencial, detallando la institución, cargo y descripción de los hechos de la demanda para el periodo mencionado. Sin embargo, la institución se limitó a proporcionar el número y el tipo de organismo.
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Para dicho periodo, diferentes alcaldías fueron denunciadas en 39 ocasiones y los ministerios tres, por supuestas irregularidades administrativas y financieras.
En el caso de las autónomas fueron denunciadas 20 veces, los centros escolares 15 y los hospitales cinco por las mismas causas; además de supuestas irregularidades de control interno.
Hubo una denuncia en la que la persona denunciante no identificó la institución pública que estaría cometiendo irregularidades con las finanzas públicas, aun así, la CCR la incluyó en su listado.
La resolución emitida por la CCR detalla que la mayoría de denuncias se interpusieron de manera digital. 57 fueron mediante internet, 26 de manera personal y ninguna mediante la vía telefónica.
Las prácticas que pueden estar sujetas a estas denuncias son variables en todas las alcaldías, según explicó el concejal capitalino y exalcalde, Alejandro Nóchez.
En administrativas puede ser, como ejemplo, que en las normas de control interno se dicta que un fondo debe pasar por alguna unidad y luego a otra y eso no se cumplió, esa es una irregularidad administrativa.
"Y así puedo mencionar infinidad de situaciones, puede ser muy variables y en el caso de las financieras, podría ser que no se pagó un recibo a tiempo, no se notificó alguna información financiera, la contabilidad no se encontraba al día, en fin, en varios temas en una infinidad de posibilidades", explicó Nóchez.
La concejal de La Libertad Sur, Beatriz Harrison, explicó que principalmente lo que la CCR entrega a las municipalidades son observaciones.
"La Corte investiga por meses todas las direcciones de la alcaldía que manejan dinero, revisan la parte contable y si hay alguna observación la pasan al consejo municipal o al jefe de área", dijo Harrison.
También explicó que la Corte da un tiempo "prudencial" para subsanar las observaciones. Ella pone de ejemplo de que no se encuentre algún documento que compruebe que un proyecto se hizo.
"La administración o esa área se encarga de buscar el papeleo que hace falta y lo presenta a la CCR para que quede subsanado, o sea, no todo lo que la Corte de Cuentas observa es condenable", detalló.
Más del centenar en 2023
En 2023 la CCR recibió 149 denuncias y fueron también las alcaldías las más denunciadas. 78 denuncias fueron a las alcaldías, 38 a las autónomas, 13 para ministerios del Ejecutivo, 13 para centros educativos y cuatro para el Órgano Judicial.
Las denuncias para los hospitales, centros escolares y autónomas fueron por supuestas irregularidades administrativas, financieras y de control interno.
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Las denuncias de las alcaldías fueron por supuestas irregularidades administrativas y financieras y las del Órgano Judicial por las de control interno.
El año pasado también predominó el canal electrónico para interponer denuncias y tampoco detalló la Corte de Cuentas el nombre de las instituciones denunciadas.
Para el cumplimiento de su función jurisdiccional, la CCR se divide en una Cámara de Segunda Instancia, integrada por un Presidente y dos Magistrados y en siete Cámaras de Primera Instancia, conformadas cada una de ellas por dos Jueces de Cuentas.
Las Cámaras de Primera Instancia inician su función con la recepción de informes de auditoría con hallazgos y finalizan con la emisión de la sentencia correspondiente. Por la ley interna de la Corte, la responsabilidad administrativa se sanciona con multa y la responsabilidad patrimonial al reintegro de fondos públicos.