La Fiscalía General de la República (FGR) allanó la tarde del lunes cinco inmuebles propiedad del empresario de transporte Catalino Miranda, según publicó la institución en su cuenta de Twitter.
En el lugar los fiscales decomisaron documentación contable y financiera relacionada a varias sociedades de transporte.
“Es precisamente el motivo de estos registros determinar de qué manera el señor Catalino Miranda, por medio de sus sociedades, ha realizado acciones de lavado de dinero y activos”, dice el fiscal del caso, en el video publicado en Twitter.
Según la Fiscalía, son siete sociedades en las que Miranda era beneficiario y las que serán investigadas.
En prisión
El empresario del transporte colectivo ya es procesado judicialmente por los delitos de desórdenes públicos, resistencia y ventas a precio superior en el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador.
Miranda fue capturado el 12 de marzo de este año y la Policía informó que la detención era por el cobro ilegal del pasaje y por obstruir la vía pública. Sin embargo, un día después la Fiscalía publicó en su cuenta de Twitter que Miranda sería acusado por el delito de resistencia.
Esto contrasta con los videos que circularon en redes sociales sobre la captura de Miranda, en los cuales se le observa sin esposar y subiendo por su propia cuenta a una patrulla policial.
La detención del transportista fue realizada solo horas después de que el presidente Nayib Bukele enviará con algunos de sus funcionarios a la Asamblea Legislativa cinco iniciativas como parte de las 11 medidas económicas paliativas.
Esa misma noche el ministro de Obras Públicas informó sobre la suspensión del subsidio y de la concesión de línea de transporte a 293 unidades de la ruta 42 propiedad de Miranda.
Al día siguiente de la captura, elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) tomaron el control de las unidades de las rutas 42 y 152, las cuales fueron decomisadas a la cooperativa ACOSTES de RL, sociedad administrada por el empresario Catalino Miranda.
Dos días después del decomiso de los microbuses, las autoridades decomisaron $161,000 de la caja fuerte y $25,000 de caja chica, producto de la actividad del servicio de transporte.
El dinero fue incautado en allanamientos que hicieran las autoridades policiales y fiscales a las oficinas de las rutas 42 y 152, cuyos microbuses y autobuses fueron tomados por el gobierno sin respaldo legal, según denunciaron en ese momento los defensores de Miranda.
El 1 de junio, el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador rechazó otorgar medidas sustitutivas a la detención, de carácter humanitario, a Miranda.
Las medidas fueron solicitadas por los defensores del empresario de transporte debido a que no está recibiendo los tratamientos que necesita, informaron.