En medio del silencio del Gobierno, los casos de personas que estaban en penales y mueren en hospitales a causa de golpizas o por falta de medicinas para tratar sus enfermedades crónicas continúan en aumento.
El último caso que se ha conocido es el de Michael Giovanni Menjivar Sosa, oriundo del municipio de La Palma, en el departamento de Chalatenango, según informaron fuentes policiales que pidieron no ser identificadas por temor a represalias laborales.
El cadáver de Menjívar Sosa fue reconocido en las instalaciones del Hospital Nacional de Sonsonate, Jorge Mazzini, en la tarde del martes. De acuerdo con las fuentes, fue llevado desde el centro penal de Izalco, departamento de Sonsonate, donde estaba detenido.
ELBIN JOSUÉ SÁNCHEZ RIVERA
Tenía 21 años, residía en Santa María Ostuma, La Paz. Fue capturado el 3 de abril y murió el 18 del mismo mes; según un médico del hospital Jorge Mazzini, de Sonsonate, por muerte súbita. Pero el cadáver tenía evidencia de múltiples golpes.
El mismo martes, pero en la mañana, fueron reconocidos legalmente los cadáveres de dos reos más, quienes fueron identificados como Carlos Wilfredo Sauceda González y Sergio Alcides Natividad Calzadilla.
Ambos casos quedaron etiquetados por las autoridades fiscales como “sobre averiguar”; que es cuando hay sospechas de que las víctimas podrían haber sido asesinadas, indicó una fuente.
“Generalmente se dejan así cuando presentan golpes o heridas”, detallaron los informantes.
De momento, de estos tres casos no se ha podido determinar si las personas fallecidas habían sido capturadas en el marco del régimen de excepción, o si ya estaban guardando prisión cuando el mismo fue decretado por primera vez el 27 de marzo anterior y prorrogado un mes después.
Hasta la fecha no existe, al menos de forma pública, una cifra oficial de personas que hayan fallecido mientras estaban en centros de detención del Gobierno, luego de haber sido capturados en el marco del régimen de excepción.
El martes anterior, también fue sepultado un hombre que murió tras ser arrestado durante el mencionado régimen de excepción; estaba preso en el penal de Mariona, según sus familiares.
ÓSCAR GALLEGOS POCASANGRE
46 años. Fue capturado el 15 de abril y murió el 20 de ese mismo mes tras recibir una golpiza mientras estaba en el penal de Mariona. Padecía de una discapacidad mental. Estaba en tratamiento psiquiátrico desde 1999. Vivía en Sensuntepeque, Cabañas.
La víctima fue identificada como David Ernesto Juárez Ávila, de 46 años, quien estuvo en Mariona durante 17 días, presuntamente, sin recibir sus medicamentos diarios con que controlaba la diabetes que padecía.
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Fue trasladado al hospital Zacamil, en Mejicanos, pero ya era muy tarde; el estado de salud de Juárez Ávila era tan grave que murió en la ambulancia que lo llevaba.
Con las muertes de Menjívar Sosa, Juárez Ávila, Sauceda González y Natividad Calzadilla, sumarían al menos 12 las personas que han muerto mientras estaban en centros de detención que administra el Gobierno.
La Dirección General de Centros Penales y la Policía Nacional Civil no se han pronunciado por los casos de reclusos que han muerto por recibir aparentes golpizas mientras estaban en bartolinas policiales o cárceles del sistema penitenciario, o bien por no recibir los medicamentos para controlar enfermedades crónicas.
DAVID ERNESTO JUÁREZ ÁVILA
46 años. Murió el 8 de mayo. Fue capturado el 21 de abril en la colonia San Luis 3, de San Salvador. Padecía de diabetes; tenía que tomar medicamentos diarios. Estaba en el penal de Mariona y de allí lo llevaron al hospital Zacamil pero murió en la ambulancia.
Cristosal registra más de 300 denuncias
Este miércoles, la Fundación Cristosal, organización de derechos humanos que da seguimiento a las afectaciones que causa el régimen de excepción, informó haber recibido 359 denuncias de acciones contra derechos humanos.
En un comunicado emitido este miércoles, Cristosal afirmó que tal cantidad de denuncias “muestran la urgente necesidad de activación de mecanismos de defensa, asesoría legal, información y atención a las víctimas por parte de las autoridades competentes”.
Según Cristosal, “con respecto a las personas con discapacidad, es notoria la negligencia y desinformación por parte de las autoridades acerca de las discapacidades intelectuales y sensoriales, puesto que las detenciones y golpizas, en algunos casos, vienen precedida de acoso y discriminación. Uno de los casos más graves terminó con la vida de una persona detenida con discapacidad que recibió una golpiza al interior del centro penal”.
El monitoreo realizado por Cristosal “evidencia la realidad de las violaciones de derechos, la información publicada por la prensa independiente da cuenta de numerosas detenciones contra personas que no son miembros de pandillas y no tienen vinculación con actividades delictivas”.
Casos como los que menciona Cristosal han sido denunciados con abundancia en medios de comunicación independientes.