La exprimera dama, Vanda Pignato y otros exfuncionarios públicos fueron condenados a diferentes penas en prisión que van desde los tres a los trece años, así lo resolvió este viernes el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, en el caso denominado "Saqueo Público".
A ellos se les acusó por peculado (malversación de dinero público), lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y casos especiales de encubrimiento.
La Fiscalía General de la República señaló que los imputados contribuyeron a desviar $351 millones de las arcas de Estado salvadoreño durante la gestión de Mauricio Funes (2009- 2014), quien se encuentra prófugo y con calidad de asilado en Nicaragua.
El juicio de este caso concluyó el 7 de noviembre de 2023, y la lectura de la sentencia había sido pospuesta en ocho ocasiones.
Detalle de sentencias
Vanda Pignato, fue absuelta de lavado de dinero, pero hallada culpable de simulación de delitos, lo que le resultó en tres años de prisión, los cuales serán reemplazados por trabajos comunitarios.
José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé” y expresidente de CIFCO, fue condenado por defraudación fiscal, con una pena de seis años de cárcel, además de una multa civil de más de $180,000. Él ya cumple con otra condena de 12 años por haber recibido una avioneta como regalía durante la administración Funes.
Manuel Rivera Castro, expresidente del Banco Hipotecario, fue encontrado culpable de peculado, recibiendo una sentencia de ocho años de prisión por ese delito y cinco años adicionales por lavado de dinero.
David Marciano Rivas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, fue hallado culpable de lavado de dinero y sentenciado a ocho años de prisión.
Juan Carlos Guzmán Berdugo, exsuegro del expresidente Mauricio Funes, fue declarado culpable de lavado de dinero y condenado a ocho años de prisión.
Además, al exjefe de contabilidad, Rigoberto Palacios Panameño recibió una pena de ocho años por peculado.
Mientras que el exgerente financiero de CAPRES, Francisco Rodríguez Arteaga y el exasistente técnico de la Presidencia fueron absueltos por el tribunal de los delitos de peculado y lavado de dinero y de activos. También fue absuelto Jorge Alberto Hernández, exjefe de Tesorería de Casa Presidencial.
Luis Miguel Ángel García fue declarado inocente del delito de lavado de dinero y de activos. El tribunal determinó que García no cometió dicho delito, sino que fue manipulado por su hijo, quien trabajaba en la casa presidencial y era el encargado de recibir el dinero involucrado.
En febrero de 2022, la representación fiscal informó, antes de la audiencia preliminar, que disponía de más de 2,500 pruebas relacionadas con los delitos imputados a los procesados.
Entre las pruebas presentadas ante el Juzgado Octavo de Instrucción se incluían más de 25 peritajes financieros y diversos testimonios.
En julio de 2022, tras la decisión del tribunal de enviarlos a juicio, uno de los abogados defensores explicó que el juez desestimó los informes de la Corte de Cuentas de la República, los cuales concluían que el uso de los fondos reservados era "razonable".
Por su parte, el Ministerio Público sostuvo que los acusados abrieron cuentas en el Banco Hipotecario con el fin de desviar dinero mediante cheques.
Además, afirmaron que al menos $270 millones fueron transferidos a cuentas personales del expresidente Funes, quien fue separado de este proceso y declarado rebelde por no comparecer ni designar un abogado en su representación.