Una investigación realizada por el periódico digital El Faro reveló en febrero de este año que una empresa de Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, y de su esposa, Michelle Sol, ministra de Vivienda, recibió, entre 2010 y 2011, $504,000 provenientes de la partida secreta de la Presidencia de Mauricio Funes Cartagena, en concepto de servicios de elaboración de alimentos y administración de la cocina de Casa Presidencial.
Esa información fue confirmada por un perito de la Corte de Cuentas de la República (CCR), quien elaboró una pericia que ha sido utilizada en el juicio en contra de 10 imputados en el caso "Saqueo Público", según reportó La Prensa Gráfica (LPG).
Según la nota periodística el perito confirmó durante el juicio que durante el gobierno de Funes gastaron aproximadamente 3 millones 178 mil 550 dólares de la partida secreta en concepto de servicio de alimentación.
“Una de las empresas que apareció como proveedora en esta pericia fue la sociedad Castro Sol S.A de C.V (Casol). Así lo confirmó el perito ayer (5 de octubre) durante su declaración, al mencionar a los 12 proveedores que recibieron los más de tres millones de dólares”, detalló LPG.
La publicación de El Faro reveló que los dueños de Casol son Ernesto Castro Aldana y su esposa, Michelle Sol de Castro.
Según el periódico digital los pagos, realizados entre septiembre de 2010 y agosto de 2011, fueron recibidos por la Sociedad Castro Sol S.A de C.V (Casol), a través de cheques y remesas provenientes de cuentas bancarias del Banco Hipotecario utilizadas para administrar la partida secreta, conocida como “54315 Gastos Reservados” o como “partida de gastos discrecionales”.
El Faro aseguró que en la contratación de la empresa de Castro y Sol no se siguieron los procedimientos de la Ley de Compras -vigente en aquel momento- que exigía competencia para seleccionar al proveedor de esos servicios que fueron escogidos a dedo.
Esa información fue confirmada por el mismo expresidente Funes, quien huyó en septiembre de 2016 a Nicaragua para evitar enfrentar la justicia en varios procesos judiciales relacionados a la corrupción cometida durante su gobierno bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
El perito de la Corte de Cuentas aseguró que los pagos se realizaron por el servicio, pero no confirmó si este en realidad fue brindado por parte de los proveedores señalados.
El expediente al que El Faro tuvo acceso indicaba que la Fiscalía anterior interrogó a Ernesto Castro sobre los pagos que recibió en cheques y remesas en la cuenta 0280172159 del Banco Hipotecario, a nombre de Casol, y también preguntó a Sol por un pago recibido de Capres a través de su empresa Grupo Tres y Punto.
“El expediente de la Fiscalía incluye un folio que cita dos informes, con respuestas de Castro y Sol, en los que admiten a la Fiscalía que sus empresas recibieron los pagos de la Presidencia de Funes, aunque no hacen ninguna alusión a si sabían que los fondos provenían de la partida secreta” indicó El Faro.
Pero una declaración de un testigo protegido en el mismo expediente afirmó que: “quien retiraba los pagos en la Secretaría Privada era el propio Ernesto Castro”.
En el caso denominado “Saqueo Público” son procesados la exprimera Dama, Vanda Pignato; el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, David Marciano Rivas; el exgerente financiero, Francisco Rodríguez Arteaga; el expresidente del Banco Hipotecario, Manuel Rivera Castro; el exjefe de Tesorería, Jorge Alberto Herrera Castellano; el exjefe de Contabilidad, Rigoberto Palacios Panameño, un asistente técnico financiero, Pablo Gómez; el expresidente de CIFCO, Miguel Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé”, Luis Miguel Ángel García y Juan Carlos Guzmán Berdugo, exsuegro del expresidente Mauricio Funes.
Los imputados son procesados por los delitos de peculado (malversación de dinero público), lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y casos especiales de encubrimiento.
El Ministerio Público sostiene que los acusados crearon cuentas en el Banco Hipotecario para desviar el dinero a través de cheques. Añade que, al menos $270 millones fueron abonados presuntamente a cuentas personales del expresidente Funes, separado de este proceso y declarado rebelde, tras no comparecer ni enviar un abogado en representación.
Funes huyó en 2016 a Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega le otorgó asilo y la nacionalidad nicaragüense en 2019, por lo que no puede ser extraditado.
Todos los procesados, a excepción de Menéndez Avelar y Guzmán Berdugo, siguen el proceso en libertad.