La Cámara de lo Penal de Cojutepeque anuló el fallo emitido por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, el pasado 18 de octubre, que sobreseyó a cinco ex integrantes de la guerrilla, acusados torturar y asesinar a una mujer, en el contexto del conflicto armado.
“En un hecho insólito, la referida cámara admitió un recurso de apelación carente de verdaderos fundamentos legales, anuló una sentencia justa y ordenó repetir el juicio en otro tribunal, tal como le solicitó la Fiscalía General de la República (FGR) empeñada en criminalizar a nuestros defensores ambientales”, publicó la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES)
Rechazamos enérgicamente la resolución de la Cámara Penal de Cojutepeque que revierte el sobreseimiento definitivo de nuestros líderes ambientalistas #URGENTE #LibertadParaLos5@CIDH @PDDHElSalvador @CorteSupremaSV @FGR_SV @MaryLawlorhrds @ONUElSalvador pic.twitter.com/56mkjtjWQG
— ADES Santa Marta (@ades_sm) November 26, 2024
Tras el fallo que sobreseyó a todos los procesados, la Fiscalía no brindó ninguna declaración al respecto, pero se conoció a través de un comunicado de organizaciones sociales que el ente fiscal apeló la decisión ante la Cámara.
Los fiscales argumentaron que el asesinato de la Inés María Inés Alvarenga, por parte de la agrupación guerrillera, se trata de un crimen de lesa humanidad que es imprescriptible, porque con ese mismo patrón fueron asesinadas más de 50 personas por el mismo grupo, según han declarado los testigos. Además alegan que se trata de una persona civil que era obligada a cocinarles y hacer mandados.
Por otra parte, señalan que como delito común no ha prescrito, tomando en cuenta que la Ley de Amnistía no estuvo vigente hasta 2016, por tanto, ese tiempo no cuenta para la prescripción.
Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, son procesados desde enero de 2023 por los delitos de asesinato y agrupaciones ilícitas.
También están siendo juzgados los imputados rebeldes José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio. La Fiscalía los acusa de torturar y asesinar a Inés María Inés Alvarenga, debido a que sospechan que ella era informante del Ejército.
Según la investigación, Inés fue sacada de su vivienda ubicada en el cantón Santa Marta, y fue llevada hacia un campamento de la guerrilla del FMLN, donde fue torturada y luego le quitaron la vida.
La acusación fiscal establece que todos los implicados en el asesinato tenían algún grado de mando del pelotón, eran parte de las jefaturas, comandantes de zona y a nivel nacional.
Organizaciones ambientalistas y sociales han denunciado que se trata de un caso “político” en represalia a que los excombatientes luego de los Acuerdos de Paz se convirtieron en defensores del medioambiente y han liderado la lucha contra la minería en el país.
“Habíamos dicho que la única resolución legal y justa era la ratificación del fallo absolutorio y la confirmación del sobreseimiento definitivo. Por tanto, denunciamos como totalmente ilegal e injusta la decisión de la Cámara Penal de Cojutepeque”, señaló ADES en un comunicado.