El Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque declaró sobreseimiento definitivo contra cinco líderes sociales acusados de asesinar a una mujer en el contexto del conflicto armado interno (1980-1992) en 1989, caso que ha sido catalogado como político.
"Es un sobreseimiento definitivo, porque se declaró extinta la acción penal por ambos delitos, por asesinato y asociaciones (ilícitas)", dijo a periodistas la abogada defensora Carolina Herrador, tras la lectura del fallo.
Los señalados pertenecen a la remota comunidad de Santa Marta, ubicada en el distrito de Victoria, que es reconocida por la lucha de sus habitantes contra la minería metálica y que fue repoblada por excombatientes de la insurgencia y exiliados tras el fin del conflicto.
Los ambientalistas son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, quienes, junto a Fidel Recinos -que no pertenece a dicha comunidad-, son procesados desde enero de 2023 por acusaciones de asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
Además, han sido juzgados en ausencia Eduardo Sancho, alias Fermán Cienfuegos, uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992, y Arturo Serrano Ascencio.
Según la Fiscalía, todos los procesados son excombatientes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los acusa del asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, el 22 de agosto del año 1989.
La comunidad de Santa Marta se ha manifestado en numerosas ocasiones y ha reiterado que este caso muestra el uso del sistema judicial "para perseguir el activismo ambiental".
Los líderes fueron capturados el 11 de enero de 2023 y en agosto de ese mismo año pasaron a arresto domiciliar.
La Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA) manifestó el jueves que esperaba una "resolución justa" en el proceso legal contra los cinco líderes ambientalistas.
