El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, informó que, desde el 27 de marzo pasado, cuando fue ordenado el régimen de excepción por primera vez, 41,846 personas han sido capturadas.
Del total de capturados 33,248 han sido enviados a prisión por un periodo de seis meses. Sin embargo, el fiscal explicó que, según la complejidad de los casos, el plazo de cárcel puede ampliarse por seis meses más. Además, poco más de 8,000 personas capturadas siguen a la espera de que se les acuse ante los tribunales.
Para el 31 de mayo, la población carcelaria ya se había duplicado en los primeros dos meses del régimen de excepción. Danilo Flores, del Observatorio Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA), dijo: “Antes del régimen de excepción ya había hacinamiento y sobrepoblación aproximada de 119 %, si a eso sumamos las 35,009 capturas en los primeros 62 días del régimen nos da una sobrepoblación del 232 %”. Ese hacinamiento es aún mayor el 15 de junio.
Para el 31 de diciembre de 2021, según Fespad, había 27,209 cupos en los centros penales y una población de 37,190 personas. Lo que equivalía a una sobrepoblación de 9,981 personas. Ahora con 41,846 detenidos más en los centros penales, la población total es de 79,036. Es decir que hay 51, 827 presos más que los que capacidad el sistema de alojar. Una sobrepoblación que equivale al 290 %. Ahora, las cárceles tienen el triple de población de la que tienen capacidad de alojar.
Sin embargo, el fiscal afirmó que considera continuar con el régimen de excepción “en la medida que sea necesario”.
El funcionario expresó que la extensión del régimen será determinada con base en las diferentes acciones y los estudios que realicen la Fuerza Armada y la Policía sobre las condiciones de seguridad en el país.
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Denuncias de abusos
El fiscal general aseguró que durante el régimen de excepción a cada detenido se le ha garantizado el derecho a la defensa. “Estamos tratando de garantizar, en la medida de lo posible, los derechos humanos de cada detenido”, dijo el fiscal.
Esto contrasta con las denuncias de abusos y capturas arbitrarias realizadas por organizaciones civiles y organismos internacionales.
El informe de Cristosal “Violaciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción en El Salvador”, señala que han identificado patrones sobre violaciones al derecho del respeto a las garantías judiciales, las cuales implican, en la práctica, la anulación del ejercicio del derecho a la defensa.
Entre las violaciones de derechos de defensa que Cristosal ha documentado está la imposibilidad de mantener una entrevista previa entre el defensor y el acusado para obtener información, asesorar al detenido y establecer la estrategia de defensa (no se permite el acceso en los centros de detención).
Además, los familiares y defensores se encuentran con obstáculos para la obtención de información básica: lugar de detención; fecha de remisión a los juzgados; juzgado asignado; señalamiento de día y hora de la audiencia de medidas.
El informe agrega que los abogados defensores enfrentan la limitación en el tiempo asignado, siendo un promedio de tres minutos por cada acusado, para presentar sus alegatos de defensa durante las audiencias.
La investigación indica que el ejercicio de la defensa técnica, tanto pública como particular, es generalizada y no individual. “Un solo abogado de la Procuraduría General de la República puede llegar a representar hasta a 500 personas en una misma audiencia. Lo anterior revela que la defensa es formal y no real”, agrega.
El fiscal aseguró en televisión que 33,248 han sido enviados a las cárceles, pero la Fiscalía solo ha presentado 690 solicitudes de detención.
Otro de los problemas que enfrentan los abogados son las limitaciones al acceso del expediente judicial y a los documentos presentados por la PGR, incluidos el escrito de imposición de medidas cautelares, acta de captura y otros.
Inconstitucional
Celia Medrano, especialista en Derechos Humanos, declaró a El Diario de Hoy que sería “claramente inconstitucional” prolongar el estado de excepción.
“La mayoría de partidos políticos en la Asamblea Legislativa, que no solo son de Nuevas Ideas, sino también del PCN, GANA y PDC, además de otros diputados, son responsables de la acumulación de inconstitucionalidades y violaciones a derechos humanos consecuencia de mantener una política que premeditadamente está causando la muerte de decenas de personas que injustamente son privadas de libertad”, advirtió Medrano.
“Una nueva prórroga del régimen de excepción implicará, inevitablemente, más muertes de personas en las cárceles por falta de atención médica y por prácticas de tortura y tratos inhumanos y degradantes. Esto suma a la configuración de un proceso internacional contra El Salvador por violaciones sostenidas de lesa humanidad”, agregó.
Por su parte, sobre las críticas a las acciones, el fiscal expresó que “es una forma de generar algún tipo de inestabilidad”.