Las reformas a la Ley Penitenciaria, la Ley Penal Juvenil y la Ley contra el Crimen Organizado aprobadas por la Asamblea Legislativa agravan las condiciones de los menores de edad privados de libertad y establecen un tratamiento penitenciario desproporcionado, indicó Amnistía Internacional. 

El 12 de febrero la Asamblea Legislativa, por solicitud del Ejecutivo, aprobó reformas a las mencionadas leyes en las que se permite que menores de edad acusados de crimen organizado permanezcan en cárceles comunes (o para adultos) bajo la administración de la Dirección General de Centros Penales, pero en pabellones diferentes.

Para Amnistía Internacional, estas medidas profundizan y facilitan la perpetuación de abusos generalizados de derechos humanos, especialmente de quienes aún no cumplen la mayoría de edad legal (18 años).

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“Estas reformas consolidan la represión masiva sin salvaguardas adecuadas, lo que podría derivar en mayores violaciones de derechos humanos”, indicó el organismo en un comunicado.

Ana Amancay Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que desde la imposición del régimen de excepción en marzo de 2022, el gobierno salvadoreño ha desmantelado las garantías procesales y normalizado la detención masiva sin pruebas o indicios suficientes. 

“Con estas reformas, que entraron en vigor el pasado 22 de febrero, se institucionaliza la privación de libertad como única respuesta del Estado, incluso para la niñez, en flagrante violación a los estándares internacionales de derechos humanos", denunció Piquer. 

"El uso del aparato legislativo para consolidar un modelo de represión sin controles demuestra que el régimen de excepción ya no es una medida temporal, sino una estrategia permanente de gobierno", añadió.

“Niñez tratada como adultos en un sistema punitivo”

Amnistía Internacional expuso en su comunicado que desde la implementación del régimen hace casi tres años, se ha reportado la detención de un número significativo de niños, niñas y adolescentes. 

Aluden a que organizaciones de derechos humanos han señalado que más de 1,000 niños, niñas y adolescentes han sido condenados, principalmente por el delito de agrupaciones ilícitas, bajo procesos marcados por falta de pruebas suficientes, presiones para declararse culpables y condiciones inhumanas de reclusión.  

Si bien durante el estudio de estas reformas, el ministro de seguridad, Gustavo Villatoro, expresó en la Asamblea que estas no contrarían ninguna ley salvadoreña ni ningún marco internacional, Amnistía Internacional indica que va en contra de la Convención sobre los Derechos del Niño, como las Reglas de Beijing establecen que la niñez en conflicto con la ley debe recibir un trato diferenciado y orientado a la rehabilitación, no a la simple reclusión punitiva.

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Además, la Ley Penitenciaria permitirá la creación de sectores especiales dentro de cárceles para los menores de 18 de edad y los adultos hasta 21 años, a lo que consideran que será sin garantizar un régimen adecuado de protección y reinserción. 

“La simple separación etaria no protege contra la violencia, el abuso ni garantiza acceso a educación y programas de rehabilitación”, considera el organismo.

"Con estas reformas, el Estado salvadoreño está condenando a adolescentes a un sistema penitenciario diseñado para adultos.... En lugar de garantizar su protección y reinserción, las autoridades están exponiendo a la niñez y adolescencia a condiciones inhumanas que pueden constituir tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”, lamentó Amnistía Internacional.

Asimismo, las reformas a la Ley del Crimen Organizado eliminan el acceso a beneficios penitenciarios, como la libertad condicional, para personas condenadas por delitos contenidos en esta legislación, ya sean menores de 18 años o personas adultas. 

"Las modificaciones a la legislación penitenciaria consolidan un modelo de encarcelamiento basado en el castigo y la represión, sin mecanismos efectivos de supervisión judicial. En lugar de garantizar justicia, estas reformas refuerzan las violaciones al debido proceso que ya venían cometiendo y aumentan el riesgo de tortura y tratos inhumanos en los centros de detención”, señalan.