El presidente de la asociación Tracoda, Carlos Palomo, considera que “las contrataciones y adquisiciones públicas no deberían realizarse a través de mecanismos que limiten las posibilidades de competencia, publicidad y transparencia porque eso deriva en que los recursos pueden usarse ineficiente e ineficazmente”.
Esto en relación a la Ley Especial para Construcción de Centros Penitenciarios. El decreto que permite la expropiación de bienes privados, omite la Ley de Contrataciones y Licitaciones de la Administración Pública (Lacap) y exonera de pagos a las compañías que ejecuten los proyectos fue avalado de forma exprés (sin estudio previo) durante la plenaria del 19 de abril.
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El enfatizó que “debe entenderse que la Lacap es una garantía de buena gestión en favor de la población, que propicia la buena utilización de los recursos”.
Palomo indicó que “el uso excesivo de mecanismos excepcionales para erogar fondos públicos propicia actos indebidos, malversaciones, entre otra serie de situaciones que solo perjudican los intereses de la población”.
Finalmente, el presidente de Tracoda explicó que “en todo caso, en situaciones excepcionales en las que se decida utilizar procesos más expeditos y menos rigurosos de contratación y adquisición, deben contar con mecanismos incrementados de control como auditorías concurrentes por parte de la Corte de Cuentas e inclusive veeduría ciudadana, por ejemplo”.
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