Cada una de las personas capturadas durante el régimen de excepción ha sido perfilada como miembro de pandillas, persona afín o colaborador de estos grupos, por la inteligencia de la Policía, la Fuerza Armada, Centros Penales y el Estado. Así lo aseguró el director de Centros Penales, Osiris Luna, la mañana del martes en Diálogo con Ernesto López, en, Canal 21.
Luna aseguró que, contrario a lo que han denunciado cientos de familias y varios organizaciones defensoras de derechos humanos, como Cristosal, las capturas “no son antojadizas, sino técnicas”.
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Agregó que, “en aras de no tener inocentes en las cárceles”, cada personas capturada es investigada de nuevo por más de 100 personas, entre personal de la PNC, la Fuerza Armada y Centros Penales: “No solo es que ya tenemos el perfil, sino que estamos reargumentando cada uno, cada una de las personas… Es una labor de inteligencia sumamente grande”.
Agregó que no solamente han capturado pandilleros totalmente tatuados, sino también personas que no tienen tatuajes pero que, en algunos casos, tiene un perfil más alto dentro de las pandillas: “Estas personas pueden tener incluso un mayor rango que una persona que está tatuada”.
Sobre las denuncias de capturas arbitrarias hechas por organizaciones como Cristosal y Fespad, Luna aseguró que cada captura es el resultado de una investigación previa. Dijo que “muchas veces, los padres son los últimos en darse cuenta de que sus hijos son miembros de estructuras pandilleriles”.
Desestima denuncias
Cuestionado sobre las denuncias de familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos, Luna aseguró que los mismos pandilleros han pedido a sus allegados que hablen de captura arbitrarias y de maltrato dentro de las cárceles para lograr ser liberados.
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Agregó que toda captura está fundamentada: “(Lo) puedo mostrar incluso en (los casos de) aquellas personas que tienen una forma de comprobar que estas personas no pertenecían (a pandillas), tienen un porqué… “Nosotros lo que queremos es sacar a los pandilleros, afines y colaboradores, de donde estén escondidos”, reiteró.
Hasta el 13 de junio, Cristosal tenía 1,993 casos de violaciones a los derechos humanos, en los que 2,077 personas fueron afectadas.