La Fiscalía General de la República (FGR) infromó el jueves sobre la detención del comisionado presidencial de Proyectos Estratégicos, Christian Herson Flores Sandoval, como presunto autor del delito de cohecho impropio en calidad de autor directo; es decir, aprovecharse de su cargo para solicitar dádivas o beneficios económicos.
Según un comunicado publicado en la red social X por la Fiscalía, junto a una fotografía de Flores flanqueado por dos policías, el detenido, "valiéndose de su cargo como Comisionado Presidencial, exigía dinero a personas y empresas a cambio de beneficios y participación preferencial en los proyectos estratégicos del gobierno".
Tras conocerse la captura, el presidente en licencia y reelecto para un segundo mandato, Nayib Bukele, reaccionó a través de su cuenta de X: "No es el primero, y tampoco será el último. Si Dios lo permite, nuestra guerra contra la corrupción será tan exitosa como nuestra guerra contra las pandillas".
Mientras que la Fiscalía agregó que "esto es solo el inicio de una amplia investigación, para deducir responsabilidades y de otros delitos de corrupción", y anunció que Flores será presentado a los tribunales correspondientes, para que sea procesado y responda ante la ley.
Asistente detenido
Este viernes al mediodía, la Fiscalía informó que como parte de las investigaciones del caso del comisionado Flores, también ordenó la captura de su asistente, José Ángel Quintanilla Rosales, en calidad de cómplice necesario.
"Quintanilla Rosales tuvo participación en estos hechos y será presentado a los tribunales correspondientes, en los próximos días", publicó el Ministerio Público en su cuenta de X.
Otros señalados en el Gobierno y sin CICIES
Bukele anunció en junio de 2023 que su Gobierno llevará a cabo una "guerra frontal" contra la corrupción y meses después le pidió públicamente al fiscal general, Rodolfo Delgado, investigar también a los funcionarios de su gobierno.
Sin embargo, varios funcionarios del gabinete de Nayib Bukele han sido señalados de cometer actos de corrupción tanto por Estados Unidos como por investigaciones periodísticas, pero a la fecha la Fiscalía no ha iniciado una investigación.
Uno de los casos es el de la comisionada presidencial Carolina Recinos, señalada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de ser la jefa de un esquema de corrupción que realizó adquisiciones sospechosas en la construcción de un hospital (El Salvador), además de ordenar a varios ministros para que autorizaran varias compras sospechosas relacionadas con la pandemia.
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Otro de los funcionarios señalados es Osiris Luna Meza, director de Centros Penales, quien también ocupa el cargo de viceministro de Justicia y Seguridad Pública. Luna ha sido designado en la Lista Engel por el Departamento de Estado de EE.UU. porque “ha incurrido en importantes actos de corrupción relacionados con contratos gubernamentales y sobornos durante su mandato”, según la entidad estadounidense.
En agosto de 2020, una investigación de la Revista Factum reveló que Luna utilizó 8.5 millones de dólares de las tiendas penitenciarias de manera ilegal.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) también dejó de funcionar, a petición del mandatario. Dicha comisión ya tenía identificados algunos casos, los cuales tampoco han sido retomados por la Fiscalía.
Además, el actual gobierno ha tendido a cerrar las puertas al acceso a la información pública, declarando en reserva por 7 años la información oficiosa en algunos casos.