Tras cumplirse seis meses de la detención de los líderes de la comunidad Santa Marta, en el municipio de Victoria, departamento de Cabañas, al menos 18 representantes del Congreso de Estados Unidos enviaron una carta al secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, en la cual externaron su preocupación ante la poca transparencia en el proceso judicial de este caso.
La carta publicada con fecha 18 de julio del presente año señala: “Escribimos para expresar nuestras serias preocupaciones con respecto a la detención, el 11 de enero de 2023, de cinco lideres comunitarios del norte de El Salvador, quienes se encuentran entre los Defensores del Agua”, mismos que trabajaron para obtener la histórica ley que prohíbe la minería en el territorio salvadoreño argumentando que “hay fuertes indicios que el gobierno tiene la intención de derogar esa ley”.
El documento señala que esta captura podría tener motivaciones políticas que buscan “silenciar” la abrumadora oposición a las acciones de minería en el territorio.
Se cumplen 6 meses de captura de los líderes de Santa Marta
Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pacheco, Saúl Rivas y Fidel Recinos, son los detenidos del caso a los que se les acusa de son acusados por asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas, de esta forma se les ha negado rotundamente todo contacto con sus familiares o abogados del caso. Esta situación ya había sido expuesta por los miembros de la comunidad quienes argumentaron preocupación por el estado de salud en el cual podrían encontrarse debido a la avanzada edad de algunos capturados.
“Por lo tanto, le instamos encarecidamente a que envíe un mensaje público y claro pidiendo su liberación de prisión preventiva y que se desmientan los cargos en su contra”, señala la carta difundida por la Asociación Santa Marta.
Sobre este punto el documento señala la “preocupación significativa con respecto al manejo de su caso por parte del Fiscal General de El Salvador. El 9 de marzo, los cinco fueron trasladados a una prisión permanente en Ilopango donde se les ha negado el acceso a todas las visitas externas, incluidos familiares y su abogado, negándoles así su derecho básico al debido proceso”.
Previamente la relatora especial sobre defensores de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Mary Lawlor, afirmó estar “muy preocupada” por esta situación calificada como “un ataque directo a la comunidad”, debido a la lucha social que se desarrolló hasta obtener la prohibición de la minería metálica en El Salvador en 2017.
Cabe mencionar que la comunidad Santa Marta es una población integrada principalmente por exiliados y excombatientes de la guerra civil (1980-1992), por lo que en más de una ocasión han señalado que los detenidos no estaban ligados a estructuras delincuenciales.
Por lo que los Congresistas insisten en apoyar los esfuerzos de los tres relatores de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria quienes señalan que el caso podría “ser un intento de amedrentar a quienes buscan defender el medio ambiente en su país y especialmente quienes defienden los derechos humanos de quienes se ven afectados negativamente por la minería”.
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Acoso militar en la zona
Entre el 21 y 22 de mayo habitantes de la comunidad Santa Marta, denunciaron un fuerte despliegue militar y policial desde las primeras horas de la mañana del domingo.
Una situación que ha generado “zozobra y preocupación en la población, por lo que alertamos y pedimos se respete la dignidad de nuestra población y sus derechos”, debido a que la presencia de los agentes se incrementó en las siguientes horas en algunas de las comunidades aledañas.