“Son campos de concentración, porque se da un solo tiempo de comida, racionada y con abusos”. Así calificó Abraham Ábrego, director de litigio estratégico de Cristosal, lo que viven actualmente los reclusos en las cárceles de El Salvador, durante su intervención en un conversatorio realizado este viernes 3 de junio de 2022.
La actividad fue organizada por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Cristosal, Servicio Social Pasionista, Azul Originario, y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), entre otras organizaciones sociales defensoras de derechos humanos.
Desde antes de la implementación del régimen de excepción, la situación en los centros penitenciarios de por sí ya era alarmante, con un promedio de 39,000 personas privadas de libertad, pero en la actualidad esa cifra supera ya los 70,000 ciudadanos que guardan prisión como consecuencia de las capturas durante el régimen de excepción, añadió Ábrego.
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El incremento de más personas capturadas, al decir del gobierno, son más de 36,000 durante la vigencia del régimen de excepción, agudiza las condiciones en que están los reos en los centros penitenciarios, lamentó Ábrego.
Hay otros factores que agravan la estabilidad emocional y física de los que han llegado a abultar las cárceles, y lo preocupante para los defensores de los derechos humanos, es que muchas de las personas que han sido detenidas son “inocentes” o no se les ha seguido el debido proceso que, según la ley, debe realizarse aunque las capturas se den bajo la sombrilla de un régimen de excepción. “El régimen de excepción no es un cheque en blanco”, aseveraron.
Ábrego expone que para un ciudadano capturado arbitrariamente y llevado a la cárcel implica casi una sentencia de muerte. Ejemplo de lo anterior, se evidencia con las 26 muertes que los organismos de defensa de los derechos humanos han identificado en las cárceles, de personas que fueron capturadas durante el régimen de excepción.
“En esas 26 muertes hemos identificado algunas señales o indicios de tortura, la muerte fue precedida de tortura y de posibles ejecuciones, casos de personas que fueron golpeadas antes de ser llevadas a los centros penitenciarios y ya graves fueron llevadas a los hospitales”, mientras que otras ya estaban detenidos y fueron vapuleados, relató Ábrego.
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Para el defensor de derechos humanos, estas muertes de personas que fueron llevadas a prisión sin seguirles el debido proceso llegan a ser responsabilidad del Estado, incluso, Ábrego considera que a nivel nacional e internacional, por la forma en cómo sucedieron los hechos, se puede deducir que se trataría de delitos de “lesa humanidad”.
También identifica que al negárseles a los familiares la información sobre el paradero de sus parientes, es un tema que alcanza otro fenómeno llamado “desapariciones de personas”, similar a lo que vivió El Salvador durante la época del conflicto armado.
“Estas prácticas configuran delitos de lesa humanidad, genocidio, asesinato, tortura, la misma desaparición, pero que en el país pasan de forma sistemática. Hay responsabilidad del Estado. Si lo tortura para que confiese que es pandillero, si lo llevan a la cárcel sin las condiciones y luego lo matan, puede tener responsabilidad nacional pero también internacional", aseveró Ábrego.