Captura de Eugenio Chicas debilitará proceso de justicia para ambientalistas, dicen organizaciones

Organizaciones sociales sentaron postura este lunes respecto a la detención del exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por supuesto enriquecimiento ilícito, la que consideran como persecución política y que busca debilitar el caso judicial de los ambientalistas que lucharon contra la minería metálica en Santa Marta, Cabañas.

Peter Nataren, de la Comunidad Santa Marta, recordó que Chicas es testigo de la defensa en el caso judicial de los cinco ambientalistas de Santa Marta. “Eugenio es un testigo clave, principalmente por su participación en octubre, una participación muy importante en el juicio contra los cinco, donde tres juezas de Sensuntepeque, del Tribunal de Sentencia, dejaron en libertad a nuestros cinco compañeros en ese momento”, dijo.

No obstante, el proceso se reabrió en una Cámara de Cojutepeque. Chicas también estuvo presente el pasado 3 de febrero para la audiencia como testigo, pero se reprogramó.

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“Lamentamos y rechazamos categóricamente la detención, porque esto también afecta el proceso, que ha sido reprogramado para abril, que va a ser entre el 9 y 11 de abril, y esto creo que no va a garantizar la participación de Eugenio como testigo, sino lo que vemos, hay una maniobra muy oscura en este proceso contra él también”, dijo.

Rafael Paz Narvaez, del Movimiento Universitario Pensamiento Crítico, también dijo que Chicas “se ha convertido en preso político” del régimen.

“La captura de Eugenio Chicas va a debilitar el proceso de justicia contra los compañeros cinco defensores ambientalistas de Santa Marta", dijo.

Reiteró que Chicas es un testigo clave. "Apresarlo en este momento fortalece las posiciones de una Fiscalía que, lamentablemente, cae el prácticas profundamente corruptas al abrir un segundo juicio, al apresar injustamente e injustificadamente a una persona que es testigo clave buscando debilitar el movimiento de defensa ambientalista en El Salvador”, aseguró.

Denuncian persecución política

Marisela Ramírez, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), expresó que denunciarán las acciones del gobierno “que no son nada más que persecución política”.

“Estamos haciendo el llamado a nivel nacional e internacional, desde hace tiempo ya, porque Eugenio es uno más que se suma a lista de esa arremetida del gobierno en contra de quienes están señalando en repetidas ocasiones los graves retrocesos que ahora sufre nuestro país”, agregó.

Considera que el gobierno actúa “de manera arbitraria y por venganza”, por lo que exigen respeto a la integridad física y moral de Chicas, así como exigen su libertad. “Porque no podemos confiar en un órgano judicial que está totalmente cooptado y además está incidido por el actual gobierno”, sostuvo.

Steffany Ayala, esposa de Chicas, sostiene que el exmagistrado es víctima de una persecución política. “Ante su valentía de declarar en el caso de los luchadores contra la minería de Santa Marta y de una venganza personal por haberle hecho pagar por el daño que nos hizo al mentir sobre nuestra familia”, dijo.

Comentó que siguieron el proceso legal por difamación “aún cuando sabíamos que era una persona poderosa en el manejo de los medios y de la manipulación”, expuso en referencia al proceso judicial en el que Bukele fue condenado a pagar.

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Luego recordó que fue citado a dos comisiones especiales de la Asamblea Legislativa en 2021 y 2022, y ese año enfrentó un proceso administrativo por supuesto enriquecimiento ilícito. La sentencia de noviembre de 2024 fue apelada ante la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Entre otras cosas por no haberse tenido en cuenta ni siquiera los $50,000 que Bukele le entregó a Eugenio. La Sala lo Civil este 5 de febrero, hace solo 17 días nos informó que dos de sus tres magistrados se excusaban de estar en el proceso”, expuso.

Pese a que aguardaban con el proceso, Chicas fue detenido por la Fiscalía para enfrentar un proceso penal.

“A Eugenio se le han suspendido sus derechos constitucionales, lo que confirma que el régimen de excepción es utilizado para callar voces disidentes y no solo para combatir a maras y pandillas”, afirmó Ayala.