Seis minutos después de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara en un tuit que Eugenio Chicas había sido capturado por enriquecimiento ilícito, el presidente Nayib Bukele comentó el tuit con cuatro palabras: Guerra contra la corrupción.
Tres minutos antes, Steffany Ayala, esposa de Chicas, escribió en su cuenta de X que responsabilizaba a Bukele de lo que le pasara al ex diputado del FMLN y ex magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral.
“Eugenio es testigo de la defensa de caso #SantaMarta y desde hace 2 años nos seguían juicio CIVIL, NO PENAL. FGR dice que nos enriquecimos ilícitamente, FALSO. En la guerra fue detenido, torturado y sabía que volveríamos a esos abusos. Te responsabilizo si algo le pasa, @nayibbukele”, escribió la esposa del detenido.
Chicas fue arrestado por miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) luego de que dejara a su hijo en un centro de estudios.
“@EugenioChicas fue detenido cuando venía caminando del colegio de nuestro hijo. Me escribió “Me capturaron”. Iniciamos su búsqueda porque desconocemos a dónde lo llevaron. Lo desaparecieron. Eugenio padece de hipertensión, corazón y diabetes, sin sus medicamentos no sobrevive”, informó la esposa, a las 8:19 a.m.
Por su parte, la Comunidad Santa Marta, domicilio de un grupo de ambientalistas procesados judicialmente, expusieron en un comunicado su preocupación por la detención, la cual calificaron de arbitraria.
Como la esposa de Chicas, la Comunidad Santa Marta no descarta que la detención también pueda estar relacionada con el proceso judicial que se le sigue a un grupo de activistas ambientalistas en contra de la minería y en defensa del agua.
“No descartamos que su captura también tenga que ver con que él es un importante testigo de la defensa en el proceso penal contra nuestros compañeros ambientalistas criminalizados por oponerse a la minería metálica”, reza un comunicado difundido este martes.
En el mismo sentido, el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador, Cofapaes”, expresó a través de un comunicado que la detención de Chicas “podría obedecer a que Eugenio también es un testigo clave en la defensa de los cinco ambientalistas de Santa Marta en su lucha contra la minería metálica”.
Por su parte, Ivania Cruz, abogada representante de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc), aseguró horas después de que se hiciera pública la detención de Chicas, consideró que la captura es ilegal, una víctima más de la persecución política que existe de parte del Estado salvadoreño contra ciudadanos a los que considera opositores del gobierno de Bukele.
Cruz también afirmó que el caso de Chicas es un proceso civil no penal, por lo que pidió que sea puesto en libertad de inmediato.
Lorena Peña, exdiputada del FMLN, también se pronunció sobre la captura: "demandamos la inmediata libertad de Eugenio Chicas y el respeto a su integridad física y moral", publicó.
Enriquecimiento ilícito
Mientras tanto, la Fiscalía, en el mismo tuit que informó sobre su captura, detalló: “En noviembre de 2024, fue condenado en un proceso civil, a reintegrar más de $200 mil dólares al Estado. Chicas fue demandado en su calidad de exmagistrado presidente del tribunal supremo electoral entre el 2009 y el 2014, como Secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República y en su calidad de Diputado Propietario del Parlamento Centroamericano, en diferentes períodos comprendidos entre el año 2011 al 2021”.
El 8 de diciembre de 2022 la Corte Suprema de Justicia, con base al informe de la Sección de Probidad, declaró la existencia de indicios de enriquecimiento ilícito de Chicas por $130,768, un monto menor por el que fue acusado por la Fiscalía en 2023.
En ese proceso se le negó la prórroga que Chicas solicitó para justificar los ingresos y dos magistradas no votaron argumentando que si se le hubiera concedido la prórroga, existía la posibilidad de que eso cambiara los resultados..
Fue en enero de 2023, que la Fiscalía presentó una demanda por enriquecimiento ilícito en contra de Chicas y su grupo familiar, por un monto total de $282,494.21. La diligencia se presentó ante la Cámara Segunda de lo Civil, de la Primera Sección del Centro de esta capital.
Eugenio Chicas fue declarado culpable de 15 irregularidades en sus declaraciones patrimoniales, relacionadas con depósitos bancarios, pagos de tarjetas de crédito y adquisición de bienes durante su ejercicio en varios cargos públicos, señaló un informe fiscal de ese período.
Entre sus responsabilidades, Chicas fue presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) entre 2009 y 2014, además de director del Registro Nacional de las Personas Naturales, Secretario de Comunicaciones de la Presidencia y Diputado del Parlamento Centroamericano.
La condena incluyó una sanción económica de $173,705.57, cantidad que debería ser restituida al Estado. Además, Chicas fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante los próximos 10 años.
De igual manera, a su esposa se le reprocharon dos inconsistencias y tendría que devolver $11,282.00. Mientras que a su exesposa se le establecieron ocho inconsistencias en depósitos en efectivo, en cheques y adquisición de vehículos, y tendría que restablecer $16,489.50. Y su hijo, Carlos Ernesto Chicas restituiría a las arcas públicas $1,080.44.
El pago de $50 mil y el reto antidoping
No es la primera vez que Eugenio Chicas se ve en líos judiciales. Uno de los primeros y que fue resuelto a su favor, fue cuando Nayib Bukele fue obligado a pedirle disculpas públicamente y a indemnizarlo con 50 mil dólares.
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El citado proceso judicial tuvo su origen el 16 de octubre de 2017, cuando Bukele, entonces alcalde de San Salvador, realizó acusaciones contra Chicas durante una entrevista televisiva. Bukele afirmó que Chicas había violado a su esposa actual cuando ella era menor de edad. Estas declaraciones no solo provocaron un escándalo mediático, sino que también llevaron a Chicas a presentar una demanda por calumnia dos días después.
El 7 de marzo de 2019, en el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, Chicas le ganó el caso a Nayib Bukele, quien aceptó que lo había difamado. Para entonces, Bukele ya había sido electo como presidente de El Salvador.
En esa ocasión, Bukele llegó a la audiencia judicial con varios fajos de billetes entre las manos.
En el desarrollo de ese proceso judicial, en un pasillo del Centro Judicial de Santa Tecla, Chicas también le lanzó un reto a Bukele: “Yo me someto gustosamente a todos los exámenes que a usted se le ocurran. Yo como hombre lo reto a que se someta solo a un examen. No huya. No sea cobarde. Sométase al examen antidoping. Lo reto como hombre”. Bukele no contestó y se alejó.
Aumento de penas por enriquecimiento ilícito
En septiembre de 2021, la Asamblea Legislativa dominada por Nuevas Ideas aprobó una reforma al Código Procesal Penal para establecer que no prescribe la acción penal en los casos de enriquecimiento ilícito y otros relacionados a corrupción.
El pasado 7 de febrero aprobaron la reforma al Código Penal para aumentar las penas a los delitos que cometan servidores públicos. En el caso del enriquecimiento ilícito se subió la pena de cárcel pasando del rango de tres a diez años a que sea de cinco a 15 años.
Y se le agregó al artículo 333 que “la acción penal en casos de enriquecimiento ilícito por actos de corrupción será independiente, y podrá incoarse sin ningún requisito previo de procesabilidad civil”, es decir, que podrá realizarse la acción penal de forma independiente de los procesos civiles.
Entre los funcionarios que han acompañado a Bukele durante su gestión presidencial, iniciada el 1 de junio de 2019, varios de sus funcionarios han sido señalados de actos de corrupción, alguno de los cuales han sido incluidos en listas de extranjeros sancionados por autoridades de Estados Unidos.
Investigaciones periodísticas también han expuesto posibles casos de corrupción que funcionarios, a través de sus empresas o a nombre de familiares, que hicieron negocios con el Estado durante la emergencia sanitaria a raíz de la pandemia de Covid-19.Así también, una de las promesas de campaña presidencial de Bukele fue la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), un organismo para investigar la corrupción estatal. Sin embargo, cuando esa entidad comenzaba a investigar casos del actual gobierno, especialmente casos que tienen que ver con negociaciones con grupos de pandillas y casos relacionados a compras durante la pandemia de Covid-19, Bukele ordenó disolverla.
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