Este 31 de octubre se tenía previsto reanudar las audiencias sobre la Masacre de El Mozote en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, en donde aproximadamente 17 personas entre testigos y víctimas comparecerán. Todas fueron convocadas a la misma fecha y hora, pero se suspendió y se trasladó para este viernes.
David Morales, jefe de justicia transicional de Cristosal dice que como defensores impugnarán esa decisión.
Morales expresa que es necesario que se les garantice a las y los testigos que puedan declarar en condiciones adecuadas. Sin embargo, la audiencia no se llevó acabo porque el abogado del exministro de defensa, Guillermo García, el viernes anterior en horas de la tarde presentó una petición en la que solicitaba estar presente.
Morales también dijo que aunque es un derecho de todo imputado estar presente, le parece que es "a todas luces una acción dilatoria de parte de uno de los defensores".
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Además, agregó que parece curioso que el general García está con una orden de detención provisional por su presunta participación y responsabilidad en el asesinato de cuatro periodistas holandeses.
Las audiencias han sido suspendidas solamente este día, según estableció la nueva jueza, Mirtala Portillo de Cruz para resolver la petición y retomarlas mañana, 1 de noviembre.
El defensor de derechos humanos expresó que estos retrasos sí afectan a los testificantes porque han tenido que movilizarse y ahora tienen que ver suspendida la diligencia.
Lo que más preocupa a los abogados de las víctimas es que estos cambios implican más dilación de los casos y tanto imputados como víctimas fallecen sin ver la justicia.
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Antes de que iniciara la audiencia, la encargada de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia anunció que la prensa no podría ingresar para "evitar la revictimización", el abogado Morales dijo que ninguna de las personas a las que ellos representan les había manifestado algo relacionado a no permitir el ingreso de periodistas.
Leonel Claros, presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, dijo que él no cree que las víctimas no dijeron que no querían la presencia de la prensa si no que piensa que había otras restricciones en esta audiencia.
"Nosotros venimos casi 41 años con estos procesos, desde los 90's que nuestros familiares pusieron las primeras demandas, y hasta ahora los gobiernos de turno han querido proteger a estos millitares y han estado dilatando esto", relató Claros.
En El Mozote y los otros sitios cercanos murieron cerca de 1,000 personas, en su mayoría mujeres y niños a manos del Ejército. El caso lleva muchos años en manos de la justicia salvadoreña, misma que ha sido obstruida en cuanto a conocer archivos militares que podría contener pruebas contundentes para esclarecer el caso.