El Tribunal Supremo Electoral (TSE) adeuda la imposición de sanciones a los 25 casos de campaña adelantada o sucia que estudió desde hace semanas atrás.
“Como estamos atrasados, no hemos sacado ninguna sanción, pero dentro de poco nos vamos a poner más estrictos”, señaló el magistrado Guillermo Wellman.
El magistrado, quien reconoció que cuentan con varios casos pendientes, aseguró que hizo un “señalamiento” a un miembro de la comisión encargada de estudiar la campaña sobre por qué no ha entregado más detalles al pleno.
Los 25 casos ya habrían sido vistos por la parte Jurisdiccional (a través de su comisión de monitoreo), que se encarga de evaluar y analizar los diversos contenidos, para luego reunirse con el pleno y determinar si es campaña adelantada o si es campaña política. En caso de tratarse de esta última, no está sujeta a sanciones.
Aun así, dicha comisión no les habría informado de casos nuevos.
Campaña electoral en el territorio
Una comisión especial del Tribunal Supremo Electoral se encarga de monitorear los anuncios públicos en el marco de la campaña electoral para las elecciones presidenciales y legislativas de El Salvador, según indicó Wellman.
“Esta comisión sale a observar en el país”, detalló el magistrado.
Wellman reconoció que la ciudadanía comienza a denunciar ante los medios de comunicación casos de campaña adelantada, en especial cometida por los candidatos a alcaldes.
Además de la falta de imposición de sanciones ante casos de campaña adelantada, el Tribunal adeuda la revisión de las fuentes de financiamiento de campaña electoral de los partidos desde el año 2018.
A la fecha, el único partido que mantiene disponible para cualquier ciudadano una plataforma de transparencia financiera es Nuestro Tiempo. Esto a pesar de que está vigente la campaña para candidatos a la Presidencia y de diputaciones a la Asamblea Legislativa.
En el caso del partido Nuevas Ideas, cuando organizaciones que velan por investigaciones sobre transparencia y democracia piden vía acceso de información pública el listado de sus financistas, este instituto político no accede a recibir la solicitud.