La reforma al Código Electoral que redujo de 84 a 60 los diputados de la Asamblea Legislativa y la Ley Especial de Reestructuración Municipal que redujo a 44 los municipios del país, las cuales se aplicarán para las elecciones legislativas y municipales de 2024, buscan la concentración del poder, señaló Ruth López, jeja de anticorrupción y justicia de Cristosal.
“Tanto la reforma al Código Electoral que corresponde a los cambios en el sistema electoral legislativo como esta ley territorial que corresponde a los municipios, realmente, lo que pretende es concentrar poder”, dijo López, quien es experta en temas electorales, durante la entrevista de Diálogo de canal 21.
Añadió que estos cambios a pocos meses de las elecciones de 2024 vulneran varios principios constitucionales.
“No importa cuántas reglas se tengan que romper, no importa cuántas reglas se tengan que violar si mi objetivo es concentrar poder y eso es lo que ha pasado en este caso”.
Ruth López, experta en temas electorales
Para la experta, quien ya había señalado anteriormente la arbitrariedad con la que se tomó la decisión de reducir municipios y no contar con un censo actualizado, señaló que la Asamblea Legislativa no está cumpliendo con su función de control sobre el Órgano Ejecutivo y no cuenta con independencia. “No hay una institucional independiente, sino una institucionalidad capturada”, enfatizó.
Expresó que la Ley que redujo los municipios, aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 13 de junio, vulnera el principio de autonomía municipal establecida en la Constitución de la República y que el Órgano Ejecutivo no tiene iniciativa de ley para modificar la jurisdicción de los tribunales. “Hay también una intromisión en las competencias tributarias de los municipios, que además están establecidas en la Constitución. Este también es un decreto que tiene consecuencias constitucionales”, agregó.
Sobre este aspecto, afirmó que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tienen una función jurisdiccional, actuando como jueces de la República y que tendrían “la posibilidad de inaplicar” las nuevas normas de acuerdo a la Ley de Procedimientos Constitucionales. Aseguró que en el pasado el TSE realizó procesos similares cuando ocurrió la cancelación de partidos políticos en 2004 y 2011.
“El Tribunal ya ha inaplicado antes y hoy igual lo puede hacer porque tiene que hacer un control constitucional”, aseguró López.
Mencionó que entre los comentarios que surgen para que el TSE no aplica esta facultad es porque tiene que pasar a revisión por la actual Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que es la que emitió la interpretación que avala el camino a la reelección presidencial inmediata para el actual presidente, Nayib Bukele.
“Yo creo que a uno como funcionario lo eligen justamente para hacer lo que corresponde, para hacer lo que dice y mandata la Constitución y la ley, no para pensar como el jefe lo va a regañar, sino justamente para cumplir la Constitución y la ley. Por lo tanto, al TSE sí le correspondería hacer ese control constitucional e inaplicar”, expuso.
De ahí que, además de las medidas administrativas para la realización de la elección en 2024, considera que el TSE debería “hacer una revisión jurisdiccional” de las reformas que se han aplicado y no descarta que haya más cambios a las reglas electorales.