El gobierno llega a su cuarto año de gobierno arrastrando una camándula de récords económicos históricos pero en saldo negativo.
La deuda pública se ha elevado en el último año a niveles nunca antes vistos; el financiamiento externo está con candado por ahora y eso ha empujado a que pida cada vez más dinero prestado a los bancos locales; y a eso se suma que la recaudación fiscal no ha sido la que esperaba Hacienda, por lo que los problemas en las finanzas públicas han estado que arden, como el clima que agobia a los salvadoreños.
Pero si eso no es suficiente, la administración actual tendrá entre sus récords que cayó en impago de la millonaria deuda de pensiones que tiene con los trabajadores, ya que tuvo que cambiar las condiciones de pago ante la falta de fondos para cumplir el compromiso y varias agencias calificadoras le bajaron nota al país por ese hecho concreto.
Y para los salvadoreños tampoco ha sido un año fácil en su economía, pues el alza en los precios de los productos, sobre todo los alimentos de la canasta básica, han estado más elevados que las temperaturas de las últimas semanas y alcanzaron cifras históricas.
Deuda histórica
La administración de Nayib Bukele ha sumado más de $6,000 millones en deuda pública desde que llegó al poder hace cuatro años.
De acuerdo a los datos oficiales, la deuda acumulada a marzo de este año llegó a los $25,709.5 millones en los 3 años y 10 meses que lleva el gobierno actual, pues cuando comenzó la gestión en junio 2019 era de $19,280.9 millones.
Solo en el último año de gobierno ha acumulado $1,123.17 millones en deuda, lo cual ha sido una bandera roja para agencias calificadoras de riesgo y financieras, pues han señalado que eso complica las finanzas.
$6,428.6
millones es la deuda adquirida durante la administración de Nayib Bukele
Un reciente Informe de Situación País, elaborado por el Observatorio de Políticas Públicas (OPP) de la Universidad Francisco Gavidia, señala que “la deuda pública llegó a niveles históricos en 2022, por lo que este ritmo de endeudamiento debe contenerse, para evitar problemas de pago en el futuro”.
De los países de Centroamérica, El Salvador es el que tiene el nivel más alto de riesgo de su deuda, según un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que analizó la “Sostenibilidad de la deuda pública en América Latina y el Caribe” para el período 2022-2027.
En el estudio de los economistas, en el apartado de la región centroamericana, se explica que El Salvador y Belice son los dos países que más riesgo representan por el nivel de endeudamiento que tienen.
Financiamiento local, el flotador de Hacienda
En el último año de administración, la mayor fuente de financiamiento ha sido la banca local, pues el gobierno no ha conseguido créditos en el mercado externo, debido a su perfil crediticio.
En casi cinco meses de este año, el Ministerio de Hacienda ha emitido deuda de corto plazo para pagarla en menos de un año, tanto en Letras del Tesoro (Letes) como en Certificados del Tesoro (Cetes), por más de $572.9 millones. De esa cantidad, $510,290,600 han sido colocaciones de Letes entre enero y mayo de este año.
También en abril Hacienda emitió un acuerdo para gestionar préstamos de corto plazo, a través de Cetes, por $67.7 millones, de los cuales hizo una colocación el 27 de ese mes por $62.6 millones, es decir que le quedan $5.1 millones pendientes de colocación.
Y hasta el 31 de diciembre de 2022, la deuda en Cetes ascendía a $1,330.1 millones; mientras que en Letes era de $1,326.6 millones, según datos de Hacienda.
$572.9
Millones en cinco meses de este año ha emitido deuda de corto plazo (Letes y Cetes) el Ministerio de Hacienda.
Estos créditos internos, que funcionan como una tarjeta de crédito para el gobierno, han sido la tabla de salvación para pagar compromisos fiscales, pues los organismos multilaterales no han desembolsado muchos fondos.
Un informe reciente de la financiera inglesa EMFI indicó que el único desembolso de fondos reportado desde enero de este año es por $5 millones del BID (Banco Interamericano de Desarrollo).
De acuerdo a datos del Banco Central de Reserva (BCR), el financiamiento externo neto que ha tenido el gobierno fue de $61.4 millones en enero; de -$34.1 millones en febrero y de $24 millones en marzo; es decir, $85.4 millones a favor.
De allí que EMFI planteó que el gobierno intentará recaudar entre $50 y $75 millones en el mercado regional para pagarlos entre 3 y 5 años, pues duda que logre conseguir más de eso. “El gobierno intentará utilizar todas las escasas fuentes de financiamiento disponibles para llegar a fin de mes”, apuntó.
Riesgo crediticio en el top
El riesgo crediticio de El Salvador rompió su propio récord en este último año al llegar a un puntaje que nunca había tenido el país desde que existe la medición a través del Indicador de Bonos de Mercados Emergentes o EMBI, por sus siglas en inglés.
En julio de 2022 por primera vez el país llegó a los 35 puntos del EMBI, el cual sirve de parámetro a los inversionistas extranjeros para tener mayor o menor confianza de que el país pague sus deudas, pues entre mayor sea el puntaje en el indicador hay menos confianza, ya que el riesgo de que caiga en impago es elevado, y entre menos puntos tenga, el nivel de confianza de pago aumenta.
Este indicador es elaborado por la firma financiera J.P. Morgan desde 1990 y muestra la diferencia entre las tasas de interés que pagaría El Salvador respecto a los bonos estadounidenses, considerados libres de riesgo.
Hasta el pasado el 22 de mayo, el EMBI de El Salvador estaba en 13 puntos, es decir que ha bajado 22 puntos en el último año, lo cual se puede considerar un “éxito” para el gobierno, pues en esa mejoría ha influido el pago de $800 millones de bonos que fueron cancelados en enero de este año.
Sin embargo, el país es el cuarto a nivel mundial con el riesgo crediticio más alto en ese indicador, pues lo superan Ecuador con 18 puntos, Argentina con 26 puntos y Venezuela que ha llegado al exorbitante nivel de 358 puntos.
También a nivel de Centroamérica, El Salvador no tiene parangón con el riesgo crediticio, ya que Guatemala y Panamá tienen 2 puntos nada más; Costa Rica 3 puntos y Honduras 5 puntos.
Mientras que el puntaje de toda Latinoamérica y a nivel global llega a solo 4 puntos, lo que significa que el país está 9 puntos arriba.
Impago de pensiones
Otro récord que logró la administración actual en el último año fue provocar que el país cayera en impago de pensiones y la consecuente baja de calificación de agencias internacionales, aunque luego hayan mejorado la nota.
El Diario de Hoy alertó el 5 de mayo que el gobierno había caído en impago de la deuda de pensiones y luego dos importantes calificadoras de riesgo lo confirmaron.
Una de ellas fue Fitch, la cual bajó la calificación de El Salvador por incumplir el pago de pensiones al cambiar los términos en los que se debía canjear más de $6,000 millones de los ahorros de los trabajadores.
“Fitch Ratings bajó la calificación de incumplimiento de emisor (IDR) en moneda extranjera a largo plazo de El Salvador a ‘RD’ de ‘CC’ luego de la ejecución de un canje de deuda interna relacionada con pensiones. Fitch cree que el intercambio reciente constituyó un evento de incumplimiento como se describe en los “Criterios de calificación soberana” de Fitch publicados el 6 de abril de 2023”, informó la agencia.
Esta agencia reveló que el gobierno ofreció tres opciones de pago, una de ellas y que fue la elegida por el Fondo de Pensiones era aumentar la tasa de interés al 7% a cambio de extender el vencimiento de la deuda a 50 años y dar un período de gracia de cuatro años sin pagar intereses a los trabajadores que ya le prestaron el dinero al Órgano Ejecutivo para cancelar las pensiones del sistema público.
“En medio de opciones de financiamiento limitadas, en nuestra opinión, el gobierno depende en parte del canje de deuda de pensiones para aliviar las necesidades de gasto fiscal mediante la reducción de los pagos del servicio de la deuda durante los próximos cuatro años en la deuda financiera relacionada con las pensiones”.
InforStandard and Poor’s ( S&P)me de S&P
“El canje implicó un cambio adverso en los términos a través de la extensión de los vencimientos y la adición de un período de gracia a la mayoría de los valores públicos en cuestión”, señaló Fitch.
Para la agencia, esa maniobra “tenía como objetivo reducir las necesidades de financiamiento del soberano (país) en el contexto de las estrictas restricciones de financiamiento y las dificultades financieras de El Salvador”.
También la calificadora de riesgo Standard and Poor’s ( S&P) confirmó que hubo impago “dadas las vulnerabilidades macroeconómicas pronunciadas del soberano (país) y las alternativas de financiamiento muy limitadas”.
La agencia consideró que un canje de deuda de pensiones en dificultades equivale a incumplimiento y por ello bajó las calificaciones crediticias de El Salvador a “SD” desde “CCC+”.
Y si bien ambas calificadoras mejoraron la nota del país después de confirmar el impago, la escala en la que ha quedado El Salvador sigue siendo de riesgo crediticio porque es “vulnerable a un incumplimiento de pago” pues depende de condiciones financieras o económicas para cumplir sus compromisos.
“En medio de opciones de financiamiento limitadas, en nuestra opinión, el gobierno depende en parte del canje de deuda de pensiones para aliviar las necesidades de gasto fiscal mediante la reducción de los pagos del servicio de la deuda durante los próximos cuatro años en la deuda financiera relacionada con las pensiones”, señaló S&P.
Y justamente la crisis financiera para pagar pensiones es tal que ha propuesto el “retiro voluntario” de 5,000 jubilados que trabajan en instituciones de gobierno y autónomas.
En ese sentido, la Asamblea Legislativa oficialista aprobó el 16 de mayo pasado un decreto de “retiro voluntario”, mediante el cual recibirían una compensación de hasta $25,000.
Pero además, el gobierno de Nayib Bukele recortó este año los fondos que se destinan para pagar la pensión básica de los adultos mayores y personas con discapacidad que viven en zonas de extrema pobreza.
Según los datos del presupuesto 2023 que fue aprobado por la Asamblea Legislativa en diciembre pasado, el Ministerio de Desarrollo Local (Mindel) ha previsto $24 millones 810,275 para entregar el subsidio de $50 mensuales a más de 37,000 adultos mayores de diferentes municipios del país. Eso implicó un ajuste para este año de casi $5 millones menos que en 2022, pues el año pasado el gobierno presupuestó $29.55 millones para entregar la pensión básica.
Inflación histórica y canasta básica por las nubes
Los salvadoreños han resentido aún más el costo de la vida en el último año, pues el dinero ya no les alcanza para comprar todo lo básico e incluso han tenido que afrontar la difícil situación de decidir comer menos por los elevados precios de los productos.
La inflación ha sido el talón de Aquiles para la economía tanto salvadoreña como mundial, pues ha llegado a cifras históricas.
En el caso de El Salvador, su pico más elevado fue en julio de 2022 cuando alcanzó una tasa del 7.76%, la más alta de los últimos 25 años, según los registros oficiales.
Y si bien en los meses recientes la inflación ha bajado hasta el 5.4% en abril, los precios de los alimentos siguen elevados, según los datos del Banco Central de Reserva (BCR).
El Índice de Precios al Consumidor (IPC), sobre el cual se calcula el porcentaje de inflación, refleja que el incremento en los costos de los alimentos se colocó en 10.36% en abril, lo que implica casi el doble de la inflación general de productos y servicios.
Según la encuesta de microeconomía que divulgó recientemente la Universidad Francisco Gavidia, el 65.7% de la población ha notado un aumento “muy alto” en los precios de los productos y servicios que consume a diario y otro 26.2% ha sentido que ha sido “alto” el incremento. Ante eso, los salvadoreños han dejado de consumir ciertos alimentos como carne, pollo, huevos y queso, entre otros.
Pero el discurso del gobierno, a través del presidente del BCR, Douglas Rodríguez, es que El Salvador tiene la inflación más baja de la región, aunque los datos lo contradicen.
En realidad, a nivel de Centroamérica, el país es el tercero con la tasa de inflación más baja, según datos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano.