El pasado jueves las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) informaron de la captura del expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, por presunto consentimiento de enriquecimiento ilícito, delito por el que había sido condenado civilmente en noviembre pasado.
El presidente Nayib Bukele al compartir la imagen del anuncio de la Fiscalía citó que era “guerra contra la corrupción”, pero no dejó de recibir cuestionamientos de la ciudadanía y de especialistas sobre la veracidad de ello.
El abogado José Marinero cuestionó la opacidad del gobierno de Nayib Bukele.
“No tengo ninguna duda de que esto es más instrumentalización del discurso anticorrupción por parte de un gobierno mortalmente opuesto a la transparencia y a la rendición de cuentas. De lo que sí tengo dudas es de a quién cree que engaña”, indicó.
La abogada Bertha De León, quien fue defensora en la demanda de Chicas contra Bukele por difamación, enfatizó que el país carece de un sistema judicial con garantías.
“La criminalización es un arma de venganza del Presidente. Esto no es justicia, es venganza personal por un eterno ardido que abusa del poder”, dijo la abogada, exiliada en México.
El analista político Ramiro Navas expuso que se puede o no simpatizar con Eugenio Chicas, pero que “no importan las afinidades”.
“El gobierno persigue y quiebra a los que piensan diferente y eso es un crimen donde sea”, afirmó en sus redes sociales.
Carlos Araujo, también analista político, cuestionó que si el gobierno tiene una “guerra contra la corrupción”, por qué no se levantan todas las reservas de información de parte del gobierno central a información sobre compras, licitaciones, contrataciones directas y otras que tienen la reserva total hasta por siete años.
“¿Y en su guerra contra la corrupción cabe que levante todas las reservas de información de su Gobierno ? ¿Y le caben los 12 casos de corrupción probada que CICIES entregó a la Fiscalía ? ¿Y un huequito para el caso Catedral que está en Fiscalía también con pruebas?”, señaló.
Sobre el caso
El 8 de diciembre de 2022 la Corte Suprema de Justicia, con base al informe de la Sección de Probidad, declaró la existencia de indicios de enriquecimiento ilícito de Chicas por $130,768, un monto menor por el que fue acusado por la Fiscalía en 2023. En ese proceso se le negó la prórroga que Chicas solicitó para justificar los ingresos.
Fue en enero de 2023, que la Fiscalía presentó una demanda por enriquecimiento ilícito en contra de Chicas y su grupo familiar, por un monto total de $282,494.21. La diligencia se presentó ante la Cámara Segunda de lo Civil, de la Primera Sección del Centro de esta capital.
Chicas, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y exsecretario de Comunicaciones del FMLN, fue condenado civilmente por enriquecimiento ilícito por la Fiscalía General de la República (FGR) en noviembre del año pasado. En ese fallo, se ordenó que Chicas y su grupo familiar debían reintegrar más de $202 mil dólares al Estado.
La comunidad Santa Marta condenó la detención de Chicas y quien era un testigo clave de la defensa en el proceso judicial contra los líderes ambientalistas.
En un comunicado expresan que, a su juicio, la causa "real de la detención tiene que ver con represalias por la postura crítica frente a los abusos de poder, las violaciones de derechos humanos y la corrupción del régimen autocrático".
Además, no descartan que su captura también tenga que ver con que él es un "importante testigo de la defensa en el proceso penal contra nuestros compañeros ambientalistas criminalizador por oponerse a la minería metálica".