La Fiscalía General de la República ordenó la captura del exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez; del exviceministro de Transporte Nelson García Rodríguez, y del exdirector de Tránsito, Edwin Ernesto Flores Sánchez.
Los cargos: haber autorizado la concesión y operación del Sistema de Transporte Integrado del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss) sin contar con la concesión de la Asamblea Legislativa y la utilización de espacios públicos para un negocio privado, entre otros hechos.
“Se ha girado orden de captura en contra del exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, por concesionar bienes públicos al SITRAMSS y de quien se sabe reside en México”, informó el Fiscal General, Rodolfo Delgado.
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De acuerdo con la Fiscalía, Gerson Martínez y Nelson García Rodríguez se encuentran prófugos, mientras que Flores y al presidente de la Unión de Empresas Sipago-Subes, Miguel Ángel Castaneda, ya fueron detenidos.
La acusación dice que en 2015 se autorizó de manera irregular el proyecto de SITRAMSS a la empresa que formó Castaneda junto a otras personas del sector.
Esto sucedió “sin el consentimiento de la Asamblea Legislativa y pasando por alto los requerimientos legales”, detalla el informe.
Castaneda se habría beneficiado cuando le permitieron ejecutar el proyecto del Sitramss sin seguir los pasos que establece la ley.
Los delitos: a Gerson Martínez se le acusa de incumplimiento de deberes y a Nelson García de extorsión agravada, mientras que a Edwin Flores, de actos arbitrarios, y al empresario Castaneda, de extorsión agravada.
El incumplimiento de deberes y los acto arbitrarios se deben a la imposición del proyecto sin el consentimiento de la Asamblea y en contra de lo que mandaban normativas como la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap).
Según la Fiscalía, la extorsión agravada consistió en conminar con actos de intimidación a transportistas que prestaban servicio en esa arteria a que entregaran sus líneas de transporte y sufrir perjuicios económicos.
Para las capturas se desarrolló en la madrugada un operativo que implicó 20 allanamientos en distintos puntos del país.
Sala declaró inconstitucional uso exclusivo de carril en 2019
En junio del 2019, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró que es una violación a la Constitución que el gobierno de entonces le haya entregado parte del Bulevar del Ejército y la Alameda Juan Pablo II, con carriles segregados en medio, a una empresa privada para operar el Sitramss.
La Constitución de El Salvador manda dice que la segregación de carriles en exclusiva “implica una restricción del uso libre e indiscriminado de los bienes de uso público”, lo cual no está permitido.
Además la concesión del servicio debió ser avalada por la Asamblea Legislativa, cosa que no ocurrió. “Toda concesión que otorgue el Estado para la explotación de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de uso público, deberán estipularse el plazo y las condiciones de dicha concesión, atendiendo a la naturaleza de la obra y el monto de las inversiones requeridas. Estas concesiones deberán ser sometidas al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación”, reza el artículo 120 de la Constitución.
Las estaciones del Sitramss fueron dotadas de seguridad militar permanente, es decir, se utilizaron recursos estatales para darle protección a un negocio privado.
La Sala le dio un año a la Asamblea para que decidiera si permitía la operación del Sitramss, pero ateniéndose a lo ordenado por la Constitución y las leyes. De lo contrario, debía abrir definitivamente el carril segregado.
Pero debido a la pandemia de coronavirus del 2020 y la falta de acuerdos de la Asamblea el plazo no se cumplió y la Sala dio un año más que se cumplirá en el 2023.
Un negocio privado financiado con fondos públicos
Pese a que sería operado por empresarios privados, el gobierno efemelenista de Mauricio Funes gestionó en 2012 un préstamo de $45 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en enero de 2012, a un plazo de 25 años.
A los cuestionamientos sobre el proyecto, los funcionarios de la época respondían con contradicciones o evasivas, pero la Constitución es clara: nadie puede alegar que no sabía que algo es ilegal.
Actualmente, las terminales del Sitramss y sus autobuses están abandonados y los carriles segregados están abiertos al público, pero siguen divididos por “sapos”.