A tres años de la implementación del Bitcoin en El Salvador, que se cumplen este 7 de septiembre, la ciudadanía no sabe con certeza cuánto de lo que paga en impuestos con el sudor de su trabajo ha ido a parar al proyecto abanderado por el presidente Nayib Bukele. Lo único que se conoce es lo que el mandatario publica en sus redes sociales.
Este es quizá el caso más emblemático de la actual administración que podría describir la opacidad con la que se manejan los fondos públicos en el país; desde compras millonarias en el Estado hasta la contratación de empleados o sus salarios han estado bajo la sombra.
La administración Bukele se ha caracterizado por un sistemático ocultamiento de la información pública y la negación a la rendición de cuentas, señalan especialistas consultados por El Diario de Hoy para este informe.
"El manejo del proyecto Bitcoin creo que es ilustrativo de la política de, yo ni le llamaría opacidad, es una política de oscuridad, que por un lado oculta, y por el otro manipula la información que sí libera: cuenta una historia distinta", expresó el abogado José Marinero.
Una estimación de la organización Cristosal, en septiembre de 2023, indicó que alrededor de $329 millones es lo que le habría costado al pueblo salvadoreño implementar el Bitcoin; datos que se han recopilado de lo poco que se ha llegado a conocer, como los $150 millones del Fideicomiso Bitcoin; el bono de $30 que dieron en 2021 por descargar la aplicación Chivo y que sumarían $30 millones.
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Además del proyecto crypto friendly por $23.3 millones; la contratación de Athena por $4.7 millones para instalar los cajeros Chivo, y las supuestas compras iniciales de Bitcoin por $121 millones. Sin contar las presuntas adquisiciones de criptomonedas diarias que Bukele ha anunciado que hace y que afirma que están en una bóveda.
"¿Cómo es que nunca supimos, antes de este momento, que había una billetera (Bitcoin), quién administra la billetera, cómo llegaron esos recursos ahí, cómo de pronto son más bitcoins de los que él había declarado, quién los compró, con qué recursos los compró, quién se beneficia de este negocio de bitcoin? Obviamente no es la gente, la gente ya se olvidó del Bitcoin", añade Marinero.
Sin embargo, todo ese gasto de fondos públicos no han hecho que el Bitcoin sea abrazado por los salvadoreños; casi el 90% de la población no ha adoptado la criptomoneda en su vida diaria, según datos de encuestas; y apenas el 1% de las remesas familiares son transferidas por medio de billeteras digitales, entre ellas la Chivo Wallet.
VER: El 88% de los salvadoreños no utilizó Bitcoin durante 2023
Para el politólogo Napoléon Campos es “disparatado pensar que puede atarse la suerte de un país, de una nación a una moneda de casino, a un token de casino como es el Bitcoin, que hoy sube, que hoy baja, que mañana sube, que pasado mañana baja. Es decir, estamos arribando junto con este proyecto antidemocrático a una suerte de disparates en materia de política económica como no se imaginaba nadie sensato dentro del país".
Una investigación periodística internacional liderada por la organización Proyecto de Reporteo del Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés) reveló el año pasado que el Gobierno de El Salvador desvió $200 millones de un préstamo de $600 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que era originalmente para atender a pequeñas empresas afectadas en la pandemia, para implementar el Bitcoin como moneda de curso legal.
"Yo lo considero tan ofensivo que el presidente no le rinde cuentas a la población. Cuando ha hablado del Bitcoin (Bukele) ha hablado en inglés, o a bitcoiners o personas de afuera, pero no a la población, y es nuestro dinero el que está en juego… ha sido el fracaso rotundo del gobierno, y fracasó usando nuestro dinero y sigue sin rendir cuentas", expresa Gabriela Santos, abogada y directora del Idhuca.
Gobierno desvió $200 millones de un préstamo del BCIE para proyecto Bitcoin, según investigación
Falta de transparencia alienta corrupción
Pero la narrativa del mandatario no concuerda con la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos.
"Hay algo a lo que yo sí le tengo miedo, y es a dejar un mal legado. Yo no quiero ser recordado como el ladrón, entonces yo no robo, porque no quiero ser recordado como el ladrón o el corrupto", expresó Bukele en cadena nacional el 28 de noviembre de 2023.
Sin embargo, Marinero considera que "este es un gobierno que le teme a la transparencia, que le teme al acceso a la información por parte de la ciudadanía. Es un gobierno que se resiste sistemáticamente a rendir cuentas y es un gobierno que ha cerrado los espacios de participación ciudadana”.
Según la organización Acción Ciudadana, el promedio de entrega de información pública de parte de instituciones estatales fue del 41% en 2023, siendo la Presidencia de la República la que menos entregó información de los tres órganos del Estado.
VER: Gobierno esconde el 60% de la información pública
"Creo que en general no permitir el acceso a la información pública es grave en sí mismo. Obviamente hay cierta información que debería estar a disposición, pero creo que el solo hecho de obstaculizarse el ejercicio de un derecho es grave”, apunta Santos.
Campos destaca que “la democracia no puede ser entendida, a estas alturas del siglo XXI, si los gobernantes, congresistas, alcaldes no dan cuenta a la población sobre el uso, y además, de certificar el buen uso de los fondos públicos. Y en El Salvador, lo único que tenemos ahora son reservas de información y lo que la escasa prensa independiente logra investigar siempre va con un caso de corrupción, de malversación de fondos, con un caso incluso sobre instituciones creadas al calor de este proceso antidemocrático en el país, como la DOM”.
Marinero agrega hay una política deliberada de ocultar información pública, que está bastante documentada por los medios, por centros de investigación, donde la práctica es la reserva de la información, incluso de datos triviales, porque no quieren ningún tipo de control y no tienen tampoco intención de rendirle cuentas a la ciudadanía.
“Esa es la naturaleza de un gobierno autoritario, quiero enfatizar esa idea: esos son los valores de un gobierno autoritario, no es contra natura, al contrario, así es cómo se comportan los gobiernos autoritarios, sin transparencia, sin rendir cuentas y de espaldas a la ciudadanía”, afirma el abogado.
Bukele ha salido al paso de los constantes señalamientos ante la falta de transparencia.
"Hablan de transparencia. ¿De qué transparencia hablan? Salgan de sus casas en la noche sabiendo que nada les pasará. Esa es la verdadera transparencia. Esa, esa es la transparencia que ofrece este gobierno. Y la que seguiremos dando", dijo en su discurso del 1 de junio de este año al asumir su cuestionado segundo mandato.
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Pero desde las organizaciones no se ve así. “Ya no podemos obtener información de verdad de las distintas instituciones, la van dando a cuentagotas. Algunas sí las dan pero son datos genéricos, o no me dan de ciertos tiempos sin ninguna justificación, o se enfrascan en aspectos formales cuando la misma ley (de Acceso a la Información Pública) tiene un espíritu de no apostarle a los formalismos para negar la información, sino que al contrario, facilitarla”, afirma Santos.
También la abogada Ruth Eleonora López, de Cristosal, agrega que la falta de acceso a la información pública es “una puerta y ventana abierta a la corrupción”.
“Cuando la ciudadanía no tiene acceso a la información pública, entonces podrían estar utilizándose los recursos sin control…”, externa.
De igual manera, la abogada y defensora de derechos humanos, Zaira Navas, señala la opacidad en el manejo de la información pública.
“Hemos solicitado información sobre investigaciones de corrupción, sobre inversiones en diferentes rubros y toda la información es declarada reservada. Acaban de renovar por otros siete años información relativa al Plan Control Seguridad. ¿Eso qué significa? Gobierno que oculta información sobre gastos, sobre inversiones, sobre políticas públicas, que persigue a quienes cuestionan ese tipo de inversiones, son gobiernos no solo autoritarios, sino que tienen una gran apertura a la corrupción”, afirma.
En 2023, El Salvador retrocedió 10 lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de la organización Transparencia Internacional, pasando del puesto 116 al 126, de 180 países analizados. Su puntaje fue de 31.
El Salvador en su peor momento para la transparencia y lucha contra la corrupción
Navas cuestiona que en este país “Casa Presidencial manda solicitar que se trasladen fondos de un presupuesto a otro sin mayores controles. Esto implica que no hay posibilidad de que se sepa para qué es utilizado ese dinero, no hay posibilidad de generar un control sobre si ese dinero es para enriquecimiento ilícito, para actos de corrupción, incluso, no sabemos de dónde salió de manera precisa…”.
Para el historiador Héctor Lindo, en cualquier país, y bajo cualquier circunstancia, “la falta de contrapesos abre la puerta a la corrupción en todas sus formas; además facilita la persecución de rivales políticos”.
Y concluye: “Todo esto nos lleva a una falta de rendición de cuentas de parte de las autoridades, que permite todo tipo de abusos. Las autoridades garantizan la impunidad al controlar también todos los medios de acceso a la información, que es algo en lo que hemos tenido un retroceso bastante grande”.