Recientemente la Asamblea Legislativa aprobó varios decretos que permitirán al Estado concesionar grandes proyectos de infraestructura pública a privados, o hacer asocios públicos-privados obviando la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
Además, los diputados del oficialismo concedieron beneficios fiscales hasta por 25 años a los empresarios o consorcios que sean adjudicados por el gobierno con dichas obras.
La LACAP regula los contratos de inversión gubernamental para hacerlos transparentes y competitivos.
Sin embargo, el gobierno solicitó a la Asamblea eliminar su aplicación en los trabajos que pretende ejecutar, como el Tren y el Aeropuerto del Pacífico, edificar más cárceles para encerrar a los supuestos pandilleros que están siendo capturados durante el régimen de excepción y todas las compras de bienes y servicios que se requieran para actividades vinculadas dentro de la vigencia de la suspensión de varios derechos constitucionales.
El régimen de excepción vence el próximo 27 de mayo de 2022, pero desde ya se oyen voces de legisladores oficialistas y sus aliados que aspiran a que la medida se vuelva permanente.
Dos analistas económicos y un experto en transparencia valoran que, además de reducir los ingresos del Estado, eliminar la LACAP en las obras que planean realizar es una “tentación” para el gobierno, debido a la insolvencia financiera en que se encuentra y con poco o nulo acceso a los mercados financieros internacionales para adquirir más deuda.
“Con un gobierno que impulsa proyectos millonarios en situación de insolvencia y los mercados de deuda cerrados. En estas condiciones existe la tentación de convertir los proyectos en fuente de fondos para el gobierno a cambio de entregar el derecho de explotación a privados”, mencionó el analista económico Rafael Lemus.
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Según la economista Tatiana Marroquín, es difícil cuantificar cuánto dejará de percibir el Estado al exonerar del pago de impuestos a las empresas que sean concesionadas con los proyectos de infraestructura mencionados, sin embargo, asegura que es un hecho que se reducirán los ingresos del Estado.
“En lo relativo a exonerar impuestos, es difícil cuantificar el impacto que esto tendría, sobre todo, porque son en proyectos nuevos, como construcción de nuevas cárceles, etc., lo que sí es un hecho es que reduce los ingresos del Estado en una coyuntura de crisis financiera, lo cual evidencia que la prioridad son los acuerdos de negocios entre privados y no resolver u ordenar levemente el desorden fiscal”, afirmó Marroquín.
Y es que además de restarle al Estado obtener más ingresos en concepto de impuestos, eliminar la LACAP y conceder beneficios fiscales a las empresas que sean adjudicadas con las obras “limitan el beneficio del gasto público al enriquecimiento de empresas privadas”, expresa Marroquín.
De acuerdo a Lemus, obviar la LACAP es habilitar la asignación de los proyectos a empresas privadas con “discrecionalidad”. Dice que también permite organizar sociedades u otra figura para construir y explotar las obras públicas.
“Se aprobó el mundo ideal pro esquema de corrupción. Las leyes aprobadas para el Tren y Aeropuerto del Pacífico facilitan inversiones ‘pro negocios’, es decir, grupos que se auto diseñan la oportunidad empresarial vía negocios por decreto, usando la sociedad entre políticos y empresarios mafias”, cuestionó Lemus.
Reflexiona que ese tipo de asocios no son rentables ni sostenibles para la sociedad, por el contrario, la “sacrifican” a favor de las sociedades empresariales.
“Un proyecto que no paga impuestos obtiene una ventaja sobre las otras inversiones que se realizan en una sociedad. Además, sus precios incluyen un sacrificio fiscal implícito, ingresos que se dejarán de percibir y obras sociales sin ejecutar. Si las obras se realizan con fondos e inversiones privadas, la sociedad tendrá un sacrificio a favor de estos grupos empresariales”, argumentó Lemus.
Para el economista al no tener claridad de quién o quienes realizarán las inversiones privadas, lo más probable es que estos procesos de adjudicación de las obras se realicen para beneficiar a “grupos empresariales oscuros”.
Wilson Sandoval, experto en transparencia abonó que es incongruente el mensaje que transmite el gobierno al eximir de impuestos la ejecución de los proyectos cuando lo que se busca es generar más ingresos para beneficiar con obras a la población.
Lo anterior, sumado a que no existe mayor información pública, debido a que ha sido el mismo Ejecutivo el que ha cerrado esos portillos, “no es posible evidenciar en donde está la ganancia para el salvadoreño con dicha infraestructura”.