La nueva Ley de Compras Públicas legaliza prácticas contrarias a la transparencia y “abre las puertas a la corrupción” porque permitirá que los funcionarios públicos puedan participar en ventas al Estado.
Así lo señalaron expertos y diputados consultados por este medio sobre la normativa que sustituirá a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), la cual, según los opositores, ha sido “un estorbo” al gobierno de Nayib Bukele dado que le ha exigido pasar controles y requisitos de transparencia en las compras.
Los diputados del oficialismo defienden la nueva ley aprobada este miércoles y aseguran que “garantiza la modernización, eficacia y transparencia”. No obstante, los legisladores de oposición fueron contundentes al señalar que con esto “se legaliza la corrupción”.
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La moción original establecía que los funcionarios públicos pudieran hacer negocios con el Estado; sin embargo, una parte de esto fue separada del proyecto de ley, pero el diputado Rodrigo Ávila, de ARENA, advirtió que no quedó claro del todo. Esto porque en el literal “d” del artículo 25 decía que los funcionarios públicos, directores o servidores públicos no podrán ofertar “en su misma institución”. Legisladores opositores observaron que esta redacción podría entenderse que en otras entidades “sí”.
Pese a los fuertes cuestionamientos, en la discusión del dictamen en el pleno, Suecy Callejas, del partido oficial Nuevas Ideas, pidió agregar a ese literal lo siguiente: “Ni las personas jurídicas en las que ostenten la calidad de propietario, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales”. Pero se dejó siempre que “no podrán ofertar en su misma institución”, lo que abre la puerta a que en otras entidades del Estado sí.
El político no debe aprovecharse del Estado para negocios
Al respecto, la diputada del partido ARENA, Marcela Villatoro, dijo a El Diario de Hoy: “No me parece correcto que se permita a un funcionario licitar en otra institución donde no ejerce su cargo”.
Seguido de esto, la legisladora recalcó que el político “no debe aprovechar el Estado para hacer negocios” y que si es empresario mejor que se retire. Además, Villatoro recordó que la Constitución de la República es clara al decir que “No se puede ser concesionario del Estado”.
En ese mismo sentido opinó el diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, quien manifestó que la nueva ley más allá de garantizar transparencia, eficacia, eficiencia “otorga licencias para que realmente no haya controles, deja la puerta totalmente abierta para más corrupción y legaliza la corrupción que ha ocurrido hasta ahora durante este periodo de gobierno”.
A su juicio, esta legislación marca un retroceso sin precedentes en cuanto al tema de compras y contrataciones públicas. De hecho, consideró que “no sería novedoso conocer de casos en donde funcionarios del actual gobierno hayan sido beneficiarios de contratos con el Estado”.
“Eso no es nuevo y lo que viene a cambiar con todo este panorama es que se legaliza ese tipo de contrataciones. Si no existen controles, cualquier funcionario podría ser contratista del gobierno y a menos control, más posibilidad de corrupción”, remarcó.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, coincide con Villatoro y Wrigth, pues apuntó que la nueva ley legaliza “las vivianadas” del oficialismo.
En ese sentido manifestó que la forma de abusar de los recursos públicos en la actual administración ha sido a través de las compras del Estado, como en la pandemia, como en el régimen de excepción y en diferentes proyectos estratégicos en los cuáles en adelante no van a ocupar la LACAP.
“Pueblo salvadoreño, queda prohibido olvidar el día en que estos diputados dieron licencia para robar y queda prohibido olvidar esto, porque las consecuencias de lo que se aprobará hoy (miércoles 25 de enero) van a ser graves”, advirtió Ortiz.
¿Qué dicen los expertos?
Sobre ese punto, el director Ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, opinó que no se deja abierto que puedan contratar con el Estado los funcionarios de elección popular, pero sí para que funcionarios de más bajo rango puedan contratar en otra institución a la que no pertenezcan.
“Ahí se da margen para el tema de testaferros, se da lugar a que un funcionario que tenga a su cargo a otra persona decida que ésta sea quien contrate con otra entidad del Estado”, expresó Escobar.
“Proyectos estratégicos”
Por su parte, el presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), José Marinero, dijo que aunque en la nueva ley hay prohibiciones para ofertar y contratar y varias se refieren a los funcionarios o sus parientes (Art. 25 letras a, b, c y d), éstas no serán aplicables a las compras que queden excluidas de su ámbito de aplicación.
Marinero habló sobre los “proyectos estratégicos”. Dijo que aunque no son definidos en el artículo 3 de la nueva normativa, calificando esto como una ambigüedad más de la ley, se debe asumir que estos tienen relevancia para el gobierno en términos de costo o utilidad.
Seguido de eso expuso que dado que los “proyectos estratégicos” están excluidos de la aplicación de la ley, estas reglas de incompatibilidad tampoco les serían aplicables, por más que la norma diga que estos deberán ser ejecutados “en apego a los principios” de la nueva ley.
Así que en suma, el presidente de DTJ destacó que “un funcionario podría tener una prohibición de venderle papelería al gobierno, pero podría perfectamente eventualmente ser accionista de una empresa que construya un aeropuerto o un ferrocarril”.
En esa misma dirección apuntó el abogado constitucionalista Jonatan Sisco, de Cristosal, quien subrayó que otro tema muy importante es que la Asamblea faculta al Órgano Ejecutivo a definir algunos proyectos que estarán excluidos de la nueva ley, dándoles la categoría de utilidad pública.
“Solo con esta excepción se estaría permitiendo gobernar por decreto y se crearían zonas exentas de control, esto podría generar corrupción a gran escala”, destacó.
Sisco planteó que existen mecanismos novedosos en esta ley, pero que lamentablemente se retrocede en transparencia, lo cual es “una práctica sistemática” del Gobierno.
“Me parece que si un gobierno quiere luchar contra la corrupción entonces no debería actuar a oscuras y de espaldas a la población, las personas tenemos derecho a conocer cómo se utilizan los fondos públicos, pero esta ley permite que se realicen tratos oscuros a espaldas del pueblo”, mencionó Sisco.
“¿Qué definirá los proyectos estratégicos?”
Eduardo Escobar criticó el que la ley establece que sea el Consejo de Ministros el que decida cuáles serían los “proyectos estratégicos”. “Se les da mucha discrecionalidad para que ellos puedan según conveniencia omitir la aplicación de la ley”, indicó.
En relación con esto, Graciela Ayala, de Funde-Alac, consideró que estos proyectos estratégicos deberán definirse a través del reglamento de la nueva ley y consideró que cada uno desarrollará su propia normativa como ha sido con el aeropuerto y tren del pacifico o el centro penitenciario de San Vicente.
Enfatizó que los proyectos bajo la aplicación de la Ley de Asocios Público Privado también podrían considerarse como “estratégicos”. Para la experta, lo importante será otorgarle al publico la debida transparencia, ética y publicidad de los procesos de contratación.
Ambigüedades intencionadas
El presidente de Fundación DTJ, expuso que el concepto de “proyecto estratégico de utilidad pública” es intencionadamente ambiguo para que en él quepa cualquier cosa que el gobierno decida que debe estar excluido de las reglas de contratación públicas usuales.
En los términos actuales, si el gobierno lo quisiera, podría por ejemplo, presentar todas las compras de 2023 como estratégicas, analizó.
A esto agrega que no existen controles judiciales -ni de ningún tipo- para discutir si una compra es o no estratégica. Bastará con que el Consejo de Ministros así lo decida, advirtió.
“En un gobierno en que nada parece moverse o decidirse si no es con el visto bueno del presidente, no es realmente el Consejo de Ministros el que decidirá cuáles son los “proyectos estratégicos de utilidad pública”, subrayó.
El experto destacó que excluir la competencia en los proyectos estratégicos va precisamente en dirección opuesta a los intereses de los salvadoreños.
“Elegir a un contratista directamente es una inmensa oportunidad para equivocarse técnicamente y también una invitación abierta a la corrupción”, concluyó Marinero.
Total discrecionalidad para la DOM y el Ejecutivo.
El director ejecutivo de Acción Ciudadana cuestionó que a las municipalidades sí se les va a exigir el cumplimiento de la LACAP, pero a la Dirección de Obras Municipales (DOM) no. A su juicio, con esto se le da total discrecionalidad al Ejecutivo en el manejo de fondos públicos sobre compras, adquisiciones y obras públicas.
Sobre este punto, la diputada de ARENA, Marcela Villatoro, sostuvo que exonerar a la DOM y a todos los proyectos relevantes de la aplicación de la nueva ley “es un marco que facilita la corrupción, por la vía de contratos a dedo”.