Las administraciones gubernamentales de Guatemala, Honduras y El Salvador tuvieron un mal desempeño en transparentar los gastos relacionados con la atención a la pandemia por covid-19, en 2020 y 2021; pero la peor evaluada en el estudio de la PADF es la gestión Bukele.
La investigadora y economista Tatiana Marroquín puso un ejemplo concreto: mientras al menos Guatemala y Honduras habilitaron portales electrónicos para que la población pudiera ver cómo se gastaba el presupuesto para atender la pandemia, en El Salvador eso no ocurrió.
“En el caso de El Salvador, se ven carencias (de transparencia) agudizadas en los procesos de compra. Eso facilitó, me imagino, el proceso de compra, pero dificulta mucho la posibilidad de la ciudadanía o la sociedad de hacer controlaría”, comentó Marroquín.
Puede interesarle: Casos de viruela del mono ya suman 10 en El Salvador
“En cualquier situación así de compleja, que requiera un uso de los fondos públicos tan grande como lo que hizo en el marco de la pandemia, tiene que estar acompañado de institucionalidad más fuerte en términos de transparencia y controlaría social. La respuesta ya no tendría que ser simplemente facilitar legalmente que los Estados puedan comprar cosas, sino también incluir otros componentes de cómo la ciudadanía puede seguir verificando que los procesos no sean corruptos, no solo en el proceso de compra, sino también en la entrega de estos beneficios”, subrayó.
La co-autora de esta investigación, la socióloga Carolina Quinteros, añadió que “en avances que se había tenido en temas de transparencia, se ha venido cada vez más para atrás. Las compras públicas cada vez se guardan con mayor secreto, y cada vez será más difícil saber cómo se están ocupando los fondos, que deberían ir orientados a solventar las necesidades de la ciudadanía, especialmente en momentos críticos”.
Otra prueba de esta falta de transparencia y malos manejos lo reflejó el estudio en cuanto a cómo el Gobierno salvadoreño ha brindado nula información sobre el el Programa de Emergencia Sanitaria (PES), el cual incluyó la entrega de paquetes alimenticios en el territorio.
Así, no se puede valorar si esa entrega de comida “contó con la participación ciudadana para identificar necesidades, si se priorizaron a grupos poblacionales en condición estructural de desigualdad tales como a mujeres, población indígena, personas con discapacidad u otras. Tampoco se encontraron documentos oficiales que explicaran con más detalle en qué consiste el PES, cuáles son sus objetivos o sí se prevé que el mismo pueda hacerse extensivo e instalarse como parte de las políticas de atención a vulnerabilidades o de erradicación de la pobreza”, indicó el informe de la Fundación.
También recogió el estudio la decisión que tomó la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) de alejarse de una comisión instalada por el Gobierno al inicio de la pandemia, debido a que dicha comisión “no siguió los lineamientos establecidos respecto a las variables y
los indicadores para la administración y ejecución de los recursos financieros. También denunció que se asignaron recursos a partidas que no guardaban relación directa con la respuesta a la pandemia y que se realizaron modificaciones no acordadas al Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica (FERRE)”.
Como resultado de esta falta de transparencia, llegaron publicaciones periodísticas de aparente corrupción en la entrega de alimentos.
Además: Las aguas han retrocedido y dejan un riesgo sanitario en las comunidades afectadas
Por ello, el estudio también registró que “os datos disponibles divulgados por la prensa dan cuenta de diversos tópicos preocupantes tales como: compras irregulares a empresas extranjeras que presentan vínculos comerciales con autoridades gubernamentales, robo de paquetes alimenticios por parte de oficiales de gobierno, alimentos de mala calidad y en estado de descomposición, bolsas solidarias con contenidos diferentes de los anunciados oficialmente, entrega de paquetes alimenticios con fines político partidarios , entre otros. A fines de 2021, Estados Unidos sancionó a algunos oficiales salvadoreños por haber realizado actos de corrupción durante la pandemia”.
Marroquín añadió que “se ve en El Salvador un mayor poder del Ejecutivo de esconder información, de saltarse los requerimientos que le pedía la Asamblea Legislativa en cuanto a transparencia de fondos públicos”, ya que cuando el Órgano Legislativo pidió algunos informes, no fueron respondidos en su mayoría por el Ejecutivo.
Concluyó sobre este punto la socióloga Quinteros que “todos estos fondos que no se transparentan, indican, en el corto y mediano plazo, mayores carencias para la ciudadanía, en áreas que son vitales para ellos. Esto es grave en todo momento, pero más aún en situaciones de emergencia como las que pasamos, porque son situaciones en que la gente necesita un resguardo en su salud, su integridad”.