Los diputados de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa emitieron dictamen favorable este jueves para establecer la creación de tribunales y cámaras “Contra el Crimen Organizado”, en las que se realizarán procesos judiciales a grupos de varias personas que presuntamente conformen una estructura criminal en el país.
Se trata de las reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado impulsada por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y que fue presentada hace algunas semanas ante la Asamblea Legislativa.
Los legisladores recibieron el jueves al fiscal general Rodolfo Delgado y al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, para exponer sus propuestas de redacción a reformas de tres leyes.
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“Hemos preparado estas tres reformas de la Ley del Crimen Organizado, la Ley de Intervenciones Telefónicas y la Ley de Telecomunicaciones para terminar de ganar esta batalla que no se gana con las capturas de estas estructuras terroristas, sino que también tenemos que garantizar que estas personas no van a salir de la cárcel”, dijo Villatoro a los parlamentarios.
El funcionario justificó la propuesta y explicó que con la enmienda al artículo 1 de la Ley del Crimen Organizado se pretende “ampliar el concepto de este tipo de crimen y que se permita la eliminación por parte del Estado de este tipo de organizaciones más allá de sus miembros”.
Seguido de eso, Villatoro dijo que en la reforma al artículo 2 de tal normativa se hace un ajuste para que se entienda que se hace referencia a cualquier modalidad de delito cometido por estas estructuras criminales.
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Uno de los puntos polémicos es lo que se plantea al cambiar el artículo 3 de la normativa. “Acá es donde empezamos a ordenar la mesa de la infraestrucutura judicial y estamos creando el concepto de tribunales contra el crimen organizado pluripersonales, con conocimiento por cada uno de los jueces de manera individual e independiente de los procesos”, dijo el ministro de Seguridad.
En relación a esto, Villatoro expuso que se garantizará el nombramiento de jueces propietarios y suplentes para que halla disponibilidad en días y horas no hábiles.
El funcionario explicó que “en el inciso tercero de este artículo se le da la competencia a los nuevos tribunales de crimen organizado para el juzgamiento de menores junto con adulto respetando derechos y garantías de ambos”.
Ante esto, el Fiscal hizo algunas observaciones y solicitó que se eliminará la parte final del inciso segundo del artículo 3 para evitar un colapso en la capacidad instalada de la fiscalía, procuraduría y otras entidades.
“En cuanto a la fiscalía debo mencionar de que la disposición y organización es desarrollada por el reglamento interno de la entidad, es la facultad que tiene el fiscal para destinar a su personal para desarollar acciones específicas, en este caso referido a los fiscales que tendrían que procesar a los menores de edad involucrados con organizaciones criminales”.
Por otra parte, Delgado sugirió incorporar a la redacción de la propuesta que los magistrados y jueces “solo estarán sometidos a la Constitución, al derecho internacional vigente y demás leyes de la república”.
También pidió establecer en la reforma que las actuaciones de estos serán “independientes e imparciales”.
Finalmente, el titular de Seguridad dijo que estas reformas pondrán al país “a la altura” de la demanda de los grupos terroristas (pandillas).
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Al respecto, el diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wrigth Sol, señaló que con esta propuesta se irrespeta lo establecido en la Constitución de la República.
“Una de las propuestas de reforma a la Ley del Crimen Organizado legisla en temas de organización de tribunales especializados que son competencia de otros órganos de Estado, en este caso la CSJ, es decir, el que un órgano de Estado se entrometa en asuntos de otro es materia de inconstitucionalidad”, concluyó el legislador.