El Barómetro de las Américas lo dice fuerte y claro: casi un tercio de salvadoreños quiere irse del país en los próximos tres años.
Asimismo, da cuenta de que entre estas personas, un 41 % decidiría irse por razones económicas. Por el contrario, la persecución política resulta casi irrelevante, con un 0.5 % de la muestra.
A simple vista, parecería que el autoritarismo y el cierre de espacios políticos no son un factor significativo al evaluar el fenómeno migratorio. Sin embargo, a juicio de José Marinero de la Fundación Democracia,
Transparencia y Justicia (DTJ), el autoritarismo se manifiesta en más formas que la persecución política y empuja al éxodo a más personas que solo aquellas directamente perseguidas por sus posturas críticas.
Persecución al que disiente
“Aunque el autoritarismo nos toca a todos en algún momento, sus expresiones concretas lo hacen de manera desigual”, explica José Marinero a El Diario de Hoy.
Por un lado, afirma, está el impacto más directo y que suele relacionarse a la falta de democracia, como sucedió en la guerra civil. “Entre los cientos de miles de emigrantes de aquellos años también se cuentan los que fueron expulsados por la represión y persecución desde el Estado”, ilustra.
Si bien ese fenómeno ha mermado desde la firma de los Acuerdos de Paz, durante el gobierno de Nayib Bukele la agresividad ante la sociedad civil crítica, el periodismo independiente y las expresiones de oposición ha incrementado. Y con esta, la amenaza del uso del músculo del Estado para perseguirlos.
El presidente de DTJ adelanta que “hay quienes se irán porque son o convertirán en enemigos de un régimen que es cada vez más intolerante a la crítica y a la fiscalización”.
Además, lamenta que “en la medida en que el experimento autoritario vaya fracasando -porque pasará- creo que los incentivos crecerán para que estos sectores migren y no vuelvan más al país”.
Impacto indirecto
Más allá de la persecución directa, Marinero también identifica otros efectos del autoritarismo. Uno de ellos es la “violencia estatal directa”.
Por ejemplo, menciona a las personas que han sido detenidas injustamente durante el régimen de excepción. A juicio de Marinero, muchos de ellos han pagado “por la única razón de ser jóvenes que viven en comunidades pobres”.
Cristosal ha registrado más de 350 denuncias de abuso de poder desde el 27 de marzo que se impuso un régimen de excepción. La mayoría va sobre capturas arbitrarias.
El autoritarismo también tiene efectos económicos, dice. La constante improvisación y la toma de decisiones inconsultas tienen al país al borde de una crisis.
A su juicio, esto no solo afecta a los inversionistas. También tiene implicaciones en la generación de empleos así como el financiamiento de obras públicas en el país.
“Como se ha demostrado, estas condiciones terminan creando incentivos para que las personas decidan migrar a otros sitios donde creen que pueden tener mejores condiciones de vida para ellos y sus familias”, señala el presidente de DTJ.
Finalmente, cita el caso de padres de familia que no desean que sus hijos crezcan en un ambiente hostil, sin oportunidades y con inestabilidad política. “¿Quién podría querer que sus hijos crezcan con miedo de los delincuentes y del propio Estado?”, cuestiona y lamenta que esto en algún momento traerá al país fuga de cerebros que costará al país reponer.
“Todo esto es otro ejemplo de cómo el daño que este aprendiz de tirano ha hecho en dos años y medio le tomará al país muchos años repararlo”, concluye.