El retraso en la entrega de información sobre los Documentos Únicos de Identidad (DUIs) y del pasaporte para elaborar el padrón electoral del voto exterior 2024 afectará el proceso de fiscalización del mismo. Así lo afirmó Sofía Vaquerano, representante de Vamos ante la Junta de Vigilancia Electoral.
Fuentes internas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmaron a este medio que a la fecha no han recibido los datos de la Dirección de Migración y Extranjería, el ministerio de Relaciones Exteriores y el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) que servirán para construir el registro electoral.
Ante esto, Vaquerano recordó que a inicios del 2023 sostuvieron una reunión con el TSE donde se les dijo que no había plazo para la presentación de los padrones o registros de Migración y Extranjeria, pero que esperarían que lo hicieran “en un corto plazo”.
Solicitamos ser parte de traslado de la información
“Hasta esta fecha no se nos ha informado oficialmente del TSE si existen o no avances con el traslado de esa información y del cual como Junta solicitamos ser parte de traslado de la información y depuración del mismo”, remarcó.
Además, ella recordó que el RNPN lleva una base actualizada de DUIs vigentes que los envían de manera periódica y que habría que ver si de la misma manera envían el dato de los DUIs vencidos en el registro que llevan, y también informan respecto a estos documentos vencidos sin entregar, sobre todo en los centros de servicio en el exterior, “que es un dato que se debe conocer de manera pública”, subrayó.
Luego, expresó que definitivamente los retrasos en compartir información “tan importante” solo prolongará el proceso para que los organismos de fiscalización puedan hacer su labor.
También indicó que entre más tiempo tenga la empresa para ingresar en su base de datos la información, “se tendrá un dato real de cuantos votantes estarán habilitados tanto con documentos vigentes como vencidos”.
Finalmente, la experta consideró que esta elección irá “con muchos contratiempos provocados por la prisa de una elección electrónica” que requiere un margen de prueba y error para garantizar transparencia. Y pone sobre el escrutinio público la labor deficiente de un Colegiado que hasta este día “no ha hecho propuestas de reformas a la ley especial para evitar muchos contratiempos que se presentarán”.
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