El incremento de violaciones de derechos humanos relacionadas al uso de la fuerza por parte de agentes estatales y la vulneración al principio de proporcionalidad, señala el informe anual del 2023 sobre derechos humanos del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, OUDH

Los datos evidencian un aumento del índice de letalidad en enfrentamientos armados, el incremento del desplazamiento forzado interno, el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, la persistencia de casos de desaparición forzada, detenciones arbitrarias, violencia sexual y obstaculización al acceso a la justicia.

“Si bien hay una baja de homicidios, vemos como el índice de letalidad por parte de la Policía Nacional Civil continua y la mutación de quienes ejercen la violencia pasando del crimen organizado y las pandillas, ahora a agentes de Seguridad del Estado”, manifestó Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca).

En cuanto al índice de letalidad por parte de agentes estatales, los datos recopilados por el OUDH muestran que la Policía Nacional Civil (PNC) reportó en 2023 al menos 51 enfrentamientos armados, en los cuales resultaron 34 personas muertas y nueve lesionados. En el caso de agentes estatales se contabilizó un muerto y dos lesionados.

El Observatorio señala que esos datos indican que el índice de letalidad fue de 3.78, lo que significa un aumento de 134.8% con relación al indicador de 1.61 correspondiente al 2022.

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Jorge Rodríguez, coordinador de OUDH, explicó que el reducido número de afectados por parte del Estado podría sugerir que la fuerza letal no se utilizó como último recurso y también señaló la diferencia entre policías y personas particulares afectadas.

“Todos los indicadores apuntan a la existencia de un patrón de vulneración de los principios de proporcionalidad, estricta necesidad, legalidad y mínimo daño del accionar policial porque el reducido”, puntualiza el informe.

Santos dijo que aunque el Estado siempre ha estado en deuda con el respeto de los derechos humanos, ahora sí preocupa el uso desproporcionado de la fuerza y como se ha convertido en el principal agresor y violador de derechos.

“Es lamentable porque el Estado tiene el rol de garantizar los derechos humanos y ahora lo que estamos viendo del Estado como agresor”, dijo al respecto Santos.

Por otra parte, esas muertes violentas, resultado de los enfrentamientos entre policías y pandilleros, no son incluidas en el conteo diario de homicidios que realizan por las autoridades, a través de redes sociales, quienes solo estarían registrando el 49.8% de ese indicador de la violencia.

Rodríguez manifestó que las autoridades además de no incluir esas muertes en el conteo de homicidios, tampoco toman en cuenta las muertes de personas privadas de libertad derivada de la violencia, osamentas y las muertes de personas perfiladas como pandilleros.

El dato oficial reportado por las autoridades el año pasado fue de 154 homicidios, sin embargo, el OUDH tomando en cuenta esas otras variables, hace un estimado de 309 muertes violentas, con un promedio diario de 0.85, un promedio mensual de 25.75 y una tasa de 4.87 por cada 100,000 habitantes.

Asimismo con los feminicidios, el año pasado la PNC solo reportó 21, mientras que el Observatorio de Violencia de Género de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) registró 46.

Además, el OUDH detalla que se han evidenciado casos de excesivo uso de la fuerza por parte de las autoridades estatales. Los agentes señalados como responsables de hechos violatorios a la integridad son en su gran mayoría pertenecientes a la PNC, con el 82% del total, mientras que los miembros de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) representan el 18%.

Según datos proporcionados por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) al Observatorio, entre enero y septiembre de 2023, se realizaron 593 investigaciones a agentes de la PNC por violaciones a derechos humanos, 121 relacionadas a vulneraciones a la integridad personal.

Del total de abusos cometidos por los agentes de seguridad pública, 96 están relacionados a diferentes tipos de violencia contras las mujeres, incluyendo 23 casos de violencia sexual, 65 por malos tratos, 26 denuncias por ejecuciones extrajudiciales y 22 por tratos crueles, inhumanos o degradantes.

“Esto guarda especial coincidencia con la prolongación del régimen de excepción y con rasgos evidentes de actuar arbitrario, como los actos de intimidación, coacción, malos tratos, persecución o indagaciones ilegales”, destaca el documento.

En cuanto al género de las supuestas víctimas de agentes estatales registrados en la PDDH, el 70% son hombres y el 30% son mujeres.

Aunque el Estado no ha presentado información sobre violaciones a personas LGTBIQ+, Aspidh Arcoíris Trans reportado a 44 víctimas de hechos que van desde actos de discriminación, intimidación o amenazas, golpizas o agresión física, acoso u hostigamiento entre otros, todos perpetrados por agentes del Estado.

Continúa el desplazamiento
En cuanto al desplazamiento forzado interno, el informe consigna que la Procuraduría General de la República (PGR) reportó un aumento en comparación con el 2022, durante el cual hubo 1,176 víctimas, pero para el 2023 se reporta un total de 2,099.

Según la información recopilada por tres organizaciones sociales (Servicio Social Pasionistas, SSPAS, Cristosal e Idhuca), los principales agresores entre los casos recibidos entre enero y junio de 2023 son los agentes estatales, tomando el lugar que antes ocupaban las pandillas.

Sobre esa problemática, Verónica Reyna, representante del Servicio Social Pasionista, manifestó que el 70% de los casos que atienden en las organizaciones sociales señalaban a los agentes de la PNC como principal perpetrador de los desplazamientos.

“Eso se refuerza con el dato del Instituto de Opinión Pública (Iudop) de la encuesta del año pasado que el 23% de los desplazamientos a nivel nacional eran atribuidos a la Policía, el mismo porcentaje que presentaban las pandillas” declaró.

Reyna agregó que el Estado se está convirtiendo en otra estructura generadora de este tipo de violencia, que tiene implicaciones más allá de la movilización de la familia, implica pérdida del proceso educativo de la niñez y la adolescencia, desempleo, implicaciones económicas y amenazas.

La representante de SSPAS lamentó que las instituciones estatales no están consolidando la información al respecto para tener un panorama más amplio de la problemática.

Además, el OUDH indica que con la implementación del régimen de excepción surgió de nuevo la desaparición de corta duración perpetrada por agentes y funcionarios del Estado, cuyos patrones han sido denunciados por diversas organizaciones sociales.

En noviembre de 2023, seis entidades defensoras de derechos humanos, incluyendo el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), presentaron 327 denuncias de desaparición forzada de corta duración ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esto está relacionado a la incertidumbre que sufren las familias a veces por meses, cuando después de la captura de una persona, las instituciones del Estado no les brindan información de dónde se encuentra o cual en su estado bajo custodia.