Tres ciudadanos venezolanos y un ecuatoriano fueron enviados a prisión mientras las investigaciones por cientos de casos de estafa avanzan, así lo resolvió el el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Daniel Alejandro Guzmán, Bryan Alexander Urbano Salazar y Heidy Jhoanna Álvarez Topón (venezolanos), y Gabriel Alexander Ponce Ruiz (ecuatoriano), se encuentran detenidos. Mientras que a Bryan Alexander Camacho Melean (venezolano) y Francis Dorelys Batson Guzmán (ecuatoriana) les fue decretada la instrucción sin estar capturados aún.
Según detalló la Fiscalía, los sudamericanos han sido enviados a prisión provisional por seis meses tras una audiencia en la que se les vincula a diez casos de estafa, aunque adelantó que hay más de 1,100 denuncias contra la sociedad que representaban.
Estafa agravada, lavado de dinero y activos, defraudación a la economía pública, captación ilegal de fondos y agrupaciones ilícitas, son los delitos que la Fiscalía imputa a los acusados, quienes fueron detenidos el pasado 19 de marzo, en la sede de Venicars, ubicada en la alameda Manuel Enrique Araujo, en San Salvador.
Venicars era promovida como una "alternativa" de adquisición de automóviles para personas sin acceso al sistema bancario o cualquier crédito personal y de "menor costo".
“A las víctimas se les exigía el pago de una "suscripción" y, posteriormente, el abono de cuotas”, reza el informe judicial sobre la primera audiencia, que añade que algunas víctimas llegaron a cancelar hasta una veintena de cuotas por adelantado.
El dinero recibido era depositado en cuentas a nombre de la sociedad que posteriormente eran movilizado a cuentas a nombre de Ponce y Camacho, señalados de actuar como cabecillas del esquema de estafas.
Los afectados, habrían entregado a Venicars sumas de dinero de entre $5,000 y $10,000 para la compra de automóviles, sin embargo, luego de entregado el dinero, les informaron que este era para participar en las “rifas” de las compraventas de vehículos, detalló la Fiscalía el día del operativo en la sede de la sociedad.
Más de $2 millones estafados
Las investigaciones comenzaron en octubre de 2024, en ellas se determinó que los sudamericanos fundaron una sociedad que tenía por fin la importación de automóviles.
De acuerdo al informe fiscal emitido tras la primera audiencia, Venicars solicitaba un pago inicial y prometía entregar un vehículo en 15 días tras dicho pago.
La Fiscalía estima que los imputados llegaron a percibir hasta $2,5 millones. Al día siguiente de las detenciones, el 20 de marzo, se informó que cinco cuentas bancarias vinculadas a Venicars fueron inmovilizadas, el monto en ellas era de $848,359.79 dólares.
