Un tribunal capitalino denegó la petición de archivar el proceso penal contra el expresidente Alfredo Cristiani y tres personas más por el asesinato de seis jesuitas y dos colaboradoras, perpetrado en noviembre de 1989 por un comando militar en la Universidad Centroamericana (UCA).
El Juzgado Segundo de Instrucción rechazó la solicitud argumentado que se trata de un caso de delitos de “lesa humanidad”, los cuales no prescriben, es decir, su persecución no caduca.
La defensa de Cristiani, del exdiputado Rodolfo Parker y los militares retirados Juan Orlando Zepeda y Joaquin Arnoldo Cerna pidieron que fueran declarados “en rebeldía”.
El Código Procesal Penal de 1998 establece que si los acusados no están presentes se les declara “en rebeldía” y la causa se archiva hasta que sean llevados ante la autoridad judicial.
El juez de la causa, al que no se identificó por seguridad, alegó que "pesa más el derecho de conocer la verdad", por lo que "no hay razón para declarar la rebeldía y procede continuar con la audiencia”.
Asimismo rechazó los alegatos de la defensa de que se estaba juzgando doblemente a los acusados y que los delitos ya habían prescrito o caducado su tiempo de persecución y encausamiento.
A este respecto, el juzgador alegó que no hay doble juzgamiento porque no se ha emitido una sentencia antes contra los imputados.
La Fiscalía General ha señalado que cuenta "con abundantes evidencias para que los procesados sean enviados a juicio" por los delitos de asesinato, actos de terrorismo, conspiración para actos de terrorismo, fraude procesal y encubrimiento.
Las víctimas fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López, la trabajadora de la UCA Elba y su hija de 16 años, Celina Ramos, ambas salvadoreñas.
El resto de procesados son los militares retirados Juan Rafael Bustillo, Rafael Humberto Larios, Carlos Camilo Hernández, Nelson Iván López, Inocente Orlando Montano, óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía.
La anulación de una ley de amnistía de 1993, por un fallo constitucional de 2016, permitió que una corte de paz ordenará en 2017 la reapertura del proceso a petición de la UCA.
No obstante, diversos recursos presentados por la defensa retrasaron el comienzo de las diligencias de investigación y en 2020 la Sala de lo Penal de Corte Suprema cerró el caso. Pero en febrero de 2022 la Fiscalía presentó un nuevo requerimiento o acusación penal contra los señalados.
En la audiencia estaban presentes cinco de los once imputados.
La audiencia, que había sido suspendida previamente, fue reprogramada para este miércoles debido a la no comparecencia de algunos de los imputados.
Además, no se había logrado la conexión remota con Inocente Orlando Montano, quien se encuentra en prisión en España.
Montano, uno de los principales acusados, fue trasladado desde la cárcel al consulado de El Salvador en Madrid para poder participar en la audiencia. Él ya cumple una sentencia de 133 años por cinco de los seis homicidios de los jesuitas.
El juez señaló que, en caso de no concluirse el caso el 15 de noviembre, se reanudaría la semana siguiente, en concreto el 18 de noviembre.
La audiencia continuará este jueves a las 9:00 a. m. con la participación del Ministerio Público, que presentará sus alegatos iniciales.
