El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador decretó este lunes un receso hasta el próximo miércoles a las 9:00 de la mañana, para continuar la audiencia preliminar (previa a juicio) contra Miguel Menéndez “Mecafé”, por presuntos delitos de corrupción en la construcción de la represa El Chaparral.
El receso fue decretado debido a que el imputado presenta quebrantos de salud y la defensa solicitó un exámen médico de parte de Medicina Legal.
Uno de los abogados defensores de Mecafé explicó que “él no se encuentra bien de salud”, pero será el juez el que decidirá si se continúa con la audiencia el próximo miércoles, basado en el dictámen de Medicina Legal.
“En conclusión el señor juez dijo que le van a recomendar un dermatólogo para que le indique el tipo de medicamento y el procedimiento para que él se pueda curar”, expresó.
VER: Juzgado prevé realizar este lunes audiencia preliminar en caso El Chaparral
Además, el lunes se presentaron dos nuevos abogados defensores de Menéndez, quienes solicitaron al juez se les dé el tiempo adecuado para conocer el caso.
En tanto, la Fiscalía y la querella de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Cel) solicitaron que en la diligencia judicial del miércoles, esté presente un representante de la empresa Astaldi.
Miguel Menéndez Avelar “Mecafé” es acusado por los delitos de lavado de dinero y peculado.
En este mismo caso está imputado el expresidente Mauricio Funes y otras cuatro personas, quienes fueron separados del proceso y declarados rebeldes.
Los otros imputados son el expresidente de la Cel, José Leopoldo Samour Gómez (peculado); la actual compañera de vida de Funes, Ada Mitchel Guzmán Sigüenza (lavado de dinero); Mario Federico Pieragostini Maiochi, representante de Astaldi (soborno) y José Efraín Quinteros (lavado de dinero y agrupaciones ilìcitas).
Según la acusación fiscal, los actos de corrupción están relacionados al presunto favorecimiento de la empresa italiana Astaldi porque la Cel decidió llegar a un “arreglo directo” y pagarle $108.5 millones, aunque abandonó la construcción con apenas el 29% de avance.
El proyecto de la presa El Chaparral está situado en San Luis La Reina, departamento de San Miguel.
De acuerdo con el proceso, Mario Pieragostini Maiocchi, representante de Astaldi, interpuso ante la CEL una serie de reclamos alegando “situaciones geológicas imprevistas” como “el movimiento del cauce del río”, para justificar un incremento del monto acordado en el contrato inicial, en septiembre de 2008.
VER: Condenan a Mecafé y a su grupo familiar a devolver más de $2 millones al Estado
En julio de 2011, el entonces presidente de Cel, José Leopoldo Samour Gómez, ordenó un “arreglo directo” con Astaldi y autorizó el pago del costo de la obra ejecutada hasta ese momento, más una suma adicional de US$45,244,418.00, sin existir base legal ni técnica, señala la acusación.
Funes alegó en ese momento que prefería pagarle a la empresa que ir a un arbitraje o juicio internacional.
La Fiscalía asegura que paralelamente Miguel Menédez creó tres empresas offshore en Panamá para recibir dádivas o retribuciones en más de 45 millones de dólares, que presuntamente entregó Astaldi a Funes y Menéndez por el “arreglo directo” que benefició a Astaldi.
Según uno de los testigos del caso, Menéndez logró conseguir 3.5 millones de dólares de Astaldi en beneficio del expresidente Funes.
“Nosotros como defensa tenemos la estrategia, para en el momento oportuno, presentar las pruebas de descargo y demostrar la inocencia de nuestro defendido”, expresó el abogado defensor, durante la instalación de la audiencia.
La Fiscalía asegura que parte de ese dinero se utilizó para crear una sociedad de franquicias de spas que era administrada por la compañera de vida de Funes, Ada Mitchel Guzmán Siguenza.
Esa sociedad adquirió dos inmuebles de alto valor comercial, uno en la colonia Maquilishuat, San Salvador, donde funcionaba un negocio de spa, y otro en Sierra de Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, destinado, utilizado como la residencia de Guzmán.
En mayo de este año el juzgado interrogó a tres testigos de una empresa colombiana, la cual se encargó de supervisar el proyecto de construcción de la presa El Chaparral.
Una de las acusadoras particulares declaró a los periodistas, durante esa diligencia, que la empresa extranjera hizo “un avalúo de obras en El Chaparral, que fue utilizado como excusa para desembolsar un dinero que no le correspondía a la sociedad Astaldi en contra de los intereses de CEL”.