Decenas de organizaciones sociales, representantes de la Iglesia Católica y grupos ambientalistas se plantaron por segunda vez, el lunes por la mañana, frente a la Asamblea Legislativa para exigir a los diputados mantener la prohibición contra la extracción minera en el país; la acción fue realizada horas previa a que los legisladores derogaran la normativa.
“No venimos a suplicar, exigimos que legislen a favor del pueblo que confió en ellos, les exigimos que no deroguen esa Ley que fue aprobada por unanimidad y consenso nacional en el 2017, esa es la razón principal”, gritó a viva voz Vidalina Morales, presidenta de la ADES Santa Marta.
Nuevamente los activistas fueron detenidos con una barricada de los agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil (PNC), a las afueras del recinto, mientras que en las calles aledañas se observaba una fuerte presencia de agentes policiales.
Previamente fue presentada una propuesta de Ley General de Minería Metálica, con la que derogará la Ley de Prohibición de la Minería Metálica que se emitió en 2017, abriendo las puertas a los proyectos extractivos en la franja norte del territorio misma donde se ubica la principal afluente de agua con la que se abastece las comunidades.
“Es un atentado de muerte si aprueban esa Ley que permita la minería metálica en nuestro país, esa es la razón que nos mantiene en pie de lucha”, dijo Morales.
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La líder también expresó: “Diputados de Nuevas Ideas recapaciten o serán recordados como los peores legisladores de este país”, sentenció .
El proyecto de Ley fue escasamente explicado en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión por el director de Energía, Hidrocarburos y Mina, Daniel Álvarez el 21 de diciembre.
Ante un escenario poco alentador, los ambientalistas sostienen que la minería arrastra diferentes factores que degradan la vida de las comunidades aledañas a los proyectos al deforestar grandes cantidades de terreno para exploración, seguido de escasez de agua y suelos contaminados que son inviables para la siembra.
Organizaciones condenan la decisión
Rápidamente las organizaciones sociales condenaron la aprobación de la Ley de minería metálica que permitirá reactivar el sector.
“Condenamos enérgicamente la decisión del gobierno del presidente Nayib Bukele de revertir la promoción de la minería metálica en el país a sabiendas de los graves impactos que la actividad extractiva por medio de las empresas mineras ocasionan para el agua, la vida y la salud”, señaló un comunicado de la Mesa Frente a la Minería Metálica de El Salvador.
A esta postura se sumó la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) y las Mujeres Ambientalistas de El Salvador (AMAES).
Según el artículo 8 de la nueva ley “de la forma más maliciosa posible, se hace referencia a la prohibición del uso del mercurio en el ciclo minero”, pero no se menciona nada sobre el resto de químicos empleados para separar el oro de las rocas tales como el cianuro, plomo, arsénico.
Carlos Flores, miembro del Foro del Agua, explicó que en la propuesta de Ley existen varios “ardides” o frases engañosas donde se ubica al Estado únicamente en el proceso inicial del ciclo minero, frente a la ocurrencia de accidentes y el proceso de remediación o cierre minero.
“Estamos hablando que si tenemos un negocio, yo estoy de acuerdo como Estado en asumir los costes y la gente puede asumir la enfermedad”, debido a que las empresas internacionales se encargarían del transporte y venta de oro.
Flores señaló que las autoridades no están especificando que va suceder con el drenaje ácido.
Recientemente se dio a conocer el caso del proyecto minero Eagle Mine, en Yukon, Canadá donde el colapsó de una estructura generó el derrame de aguas contaminadas con cianuro en los ríos más cercanos, para lo que se ha destinado $150 millones provenientes de los impuestos para iniciar un proceso de remediación ambiental, por lo que las organizaciones civiles no ven compatibilidad entre este tipo de actividades y la vida humana.
“El desarrollo tiene que ver con las garantías a la vida de las personas, a la dignidad de los territorios y la defensa de la integridad de los ecosistemas. No nos mientan es un grupo muy pequeño el que se va quedar con algo de lo que se saque del subsuelo y la mayoría se la van a llevar los extranjeros, porque el asocio público privado lo hemos probado antes”, señaló Amalia López, miembro de la Alianza Contra la Privatización del Agua recalcando que las acciones del Estado no superan el 5% pero debe cargar con los estragos de los procesos.
Se estima que más de 4 millones de salvadoreños se verán directamente afectados con la incorporación de esta actividad.
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Respaldo de la iglesia a las comunidades
Nuevamente los representantes de la Iglesia Católica se hicieron presentes al plantón para respaldar a la comunidad.
“Si deroga la Ley contra la minería se hacen cómplices con herodes, serán otros herodes que buscan matar a los inocentes, pequeños, a las futuras generaciones, porque eso es lo que trae el proyecto de minería, la muerte y destrucción”, señaló Fray Edison Zamora, coordinador de Justicia y Paz de la Orden Franciscana.
Los ambientalistas y expertos han advertido que aún reciclando agua, en El Salvador se necesitan 3,700 litros de agua por cada onza de oro extraída.