Funcionarios públicos, principales responsables de ataques a organizaciones civiles y periodistas

A lo largo de 2024 la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) registró 142 casos de agresiones a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, provocadas por personajes e instancias estatales, que afectaron principalmente a organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y periodistas.

Este jueves la Fundación presentó los resultados del monitoreo del "Espacio Cívico Salvadoreño 2024" que revela que de los 142 casos, 72 de ellos significan una afectación a la libertad de expresión (50 %), el segundo lugar están 44 casos de afectaciones a la libertad de asociación (31 % de los registros) y 26 casos de afectación a la libertad de reunión pacífica (18.3 %).

“Los patrones que destacan a través del resultado del monitoreo son alarmantes y podemos ver las figuras de hostigamientos en contra de defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y medios de comunicación, son situaciones alarmantes. Debemos recalcar que el Estado debe ser garante de los derechos que contemplan el espacio cívico”,

Susana Rodríguez, técnica jurídica.

“La libertad de expresión en el año 2024 es uno de los principales derechos afectados de los que tenemos registro en el sistema”, dijo Ricardo Montoya, abogado de FESPAD.

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En una segunda categoría, FESPAD cuenta con que 46 fueron afectaciones a periodistas, 21 casos contra personas defensoras de derechos humanos, 17 a miembros y trabajadores de organizaciones de la sociedad civil, 15 de personas manifestantes y 17 a otras personas.

“También destacamos el hecho de que se identificaron 12 casos de afectaciones directas a liderazgos sindicales, así como diez casos de liderazgos sociales, entre ellos infoactivistas y un caso de familiares de empleados de medios de comunicación”, señaló Montoya.

Asimismo, FESPAD identificó el perfil de las organizaciones afectadas: 106 de los casos significan afectaciones directas a organismos colectivos.

Entre esos, hubo 41 casos contra organizaciones de la sociedad civil, 37 a medios de comunicación, 15 casos de organizaciones sindicales o gremiales y cinco casos contra asociaciones comunales, cuatro casos contra movimientos sociales, organizaciones sin personalidad jurídica, dos contra organizaciones religiosas, dos de cooperativas.

“Son principalmente las organizaciones de la sociedad civil las principales afectadas con un 38.68 % de los eventos identificados en el sistema”, comentó Montoya.

En cuanto al perfil de las personas señaladas como responsables de las agresiones a los derechos al espacio cívico 47 de ellos fueron identificados como funcionarios públicos, principalmente diputados de la Asamblea Legislativa quienes lo suelen ejercer en redes sociales.

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En otros 34 casos fueron señalados los servidores públicos, la Policía Nacional Civil (PNC) fue señalada en 28 casos, en nueve los agentes estatales, en siete miembros de la Fiscalía General de la República (FGR), el dos la Superintendencia del Sistema Financiero, en uno el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), en un caso la Oficina de Inteligencia del Estado y en cuatro el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial en asuntos de registros de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro.

Entre esos 142 casos, 75 se refieren a ataques directos, en 32 de los casos se refieren a medidas violatorias y 16 casos se refieren a investigaciones y acusaciones indebidas contra las personas afectadas.

Se contabilizaron también 13 casos de excesos regulatorios, cinco casos de manifestaciones pacíficas restringidas, dos casos de acoso y un caso de aplicación de normas restrictivas.

Asimismo, se identificó que los ataques a los derechos tuvieron un repunte en el mes de febrero, lo que coincide con el fervor de las elecciones presidenciales y de la Asamblea Legislativa.

Entre los eventos monitoreados por FESPAD incluyen el caso del allanamiento de la morada de la periodista Mónica Rodríguez y su pareja, comunicadores comunitarios.

“Dentro de la libertad de expresión, la libertad de prensa es un derecho fundamental y es la máxima expresión, para que exista una efectiva labor periodística, se debe de ver a los periodistas como observadores independientes y no como criminales o coautores de la información que ellos nos transmiten”, señaló la técnica jurídica de la Dirección de Fortalecimiento a la Institucionalidad del Estado, Susana Rodríguez.

También ejemplificaron el caso de los líderes ambientalistas de Santa Marta quienes denuncian ataques por sus labores de denuncias y criminalización a sus personas. Así como el de una enfermera del Hospital de Zacamil quien por denunciar condiciones del centro médico fue cesada de su labor y por grabar la situación luego fue detenida al llegar a su casa.

La directora de Fortalecimiento a la Institucionalidad del Estado, Transparencia y Anticorrupción, Ismelda Villacorta, añadió que el país atraviesa por “un contexto de alto riesgo”, sobre la garantía de los tres derechos monitoreados.

Activar al Estado

Para el director Ejecutivo de FESPAD, Héctor Carrillo, los datos del monitoreo deberían servir para que se activen en materia de defensa a la Procuraduría General de la República (PGR), así como al comisionado presidencial para los derechos humanos, Andrés Guzmán.

“El comisionado está muy pendiente de las redes y ya en más de una ocasión hemos tenido respuesta de él y le vamos a enviar los datos y creo que le servirán de insumo”, dijo Carrillo.

El director recordó que los derechos de expresión, asociación y agrupación pacífica son garantías contempladas por la Constitución de la República (artículos 6 y 7) e incluso por normativa internacional de la que el Estado debe hacer cumplir.

Para el representante de FESPAD también la base de datos podrá servir para otras instancias gubernamentales y hasta internacionales.