Las comunidades del departamento de Cabañas, en conjunto con asociaciones, solicitan a la nueva Asamblea Legislativa se abstenga de derogar leyes que prohíben la minería metálica en el territorio nacional.
A través de un comunicado la Alianza Centro Americana frente a la Minería (ACAFREMIN), la Mesa Nacional Frente a la Minería y la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES), extendieron el llamado a las autoridades posterior a la reforma establecida con dispensa de trámite a la Constitución.
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Solicitando a la nueva Asamblea Legislativa “se abstenga de derogar o reformar la ley que prohíbe la minería y también se abstenga de aprobar leyes o reformas paralelas que permitan la minería”, señala.
En 2017 después de casi una década de debate, en la que incluso tres ambientalistas fueron asesinados en represalia a su lucha, se aprobó una Ley que prohíbe de forma definitiva la minería de metales en el país.
Tomando en cuenta los estudios realizados en el territorio donde se determinó que los costos serían mayores a los beneficios obtenidos, dejando impactos irreversibles en los ecosistemas naturales, salud humana, agricultura, pesca y contaminación o secar por completo ríos, los daños sería visibles en un lapso de 10 años luego de iniciar dichas actividades.
Para las asociaciones esto es un claro ejemplo del por qué “las empresas extranjeras prefieren venir a extraer metales a nuestra tierra, en vez de hacerlo en sus propios países”.
Uno de los estudios de factibilidad previamente realizados en suelo salvadoreño indica que la empresa minera necesitaba 11.5 litros de agua por segundo en su proyecto , El Dorado, esto significa que se emplean un millón de litros de agua diarios para trabajar.
Por esta razón los ambientalistas señalan que si este proyecto hubiera iniciado operaciones “habría terminado con los ríos y mantos acuíferos de esta zona”, como sucedió en Honduras donde fueron secados 19 de los 24 ríos existentes con la mina Valle de Siria.
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“Abrir proyectos mineros en Cabañas y en la zona norte del país provocaría un irreversible desastre ambiental que haría inviable la continuidad de la en nuestro país, especialmente por la contaminación del río Lempa, amenazado también por la minería transfronteriza en Guatemala”, detalla el comunicado.
De igual forma las asociaciones han extendido el llamado a la población salvadoreña para sumarse a la lucha contra la minería y la defensa del agua para la preservación de la vida.
Mientras que a la comunidad internacional le han solicitado estar atenta ante los posibles cambios para respaldar y apoyar a las asociaciones de ambientalistas.
Hasta la fecha las asociación Santa Marta continúa pidiendo a la Fiscalía General de la República que cese la persecución contra los líderes ambientalistas acusados de homicidio durante la guerra, proceso en el cual no se han presentado pruebas reales sobre los señalamientos, por lo que se cataloga como una acción de criminalización contra el activismo ambiental.