Así fue el operativo policial y fiscal del caso COSAVI

Para cuando la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) allanaron las agencias de la Asociación Cooperativa Santa Victoria, de Responsabilidad Limitada (COSAVI), la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) tenía justamente  tres años de estar al corriente de todas las operaciones financieras de esa cooperativa.

Además, por mandato legal, había tenido acceso a toda la información sobre las operaciones realizadas por esa entidad durante el año 2020. La propia ley de la SSF y la Ley de Bancos y Asociaciones Cooperativas le facultaba para conocer todas las operaciones que esa organización había hecho un año antes de solicitar autorización de su plan de regularización que le permitiría pasar de cooperativa a banco.

Diversas fuentes allegadas a la investigación fijan el 7 de marzo de 2024, cuando fueron allanadas todas las agencias de COSAVI y decenas de inmuebles vinculados a las personas que la Fiscalía ligaría al proceso judicial por los delitos de defraudación a la economía pública, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.

Aquel jueves 7 de marzo de 2024, en silencio, 180 miembros de la PNC y 50 agentes auxiliares de la Fiscalía ejecutaron los allanamientos en múltiples inmuebles. En algunos domicilios buscaban a sospechosos que hacía años se habían mudado pero que en sus documentos de identidad, por alguna razón, no habían actualizado su lugar de residencia.

A pesar de que el caso no se había judicializado aún, a nadie que les preguntara le decían las razones de los allanamientos o de la búsqueda de miembros de su familia para capturarlo. Cuando algún habitante de los inmuebles particulares preguntaban la razón del allanamiento y registro, los policías respondían que no podían dar información porque el caso estaba bajo reserva y cuando se avocaban a los fiscales, estos decían que solo acompañaban a los policías.

La investigación parecía hecha a la carrera. En varios casos, policías y fiscales se llevaron las sorpresas de que inmuebles o vehículos no eran propiedad de las personas vinculadas a la investigación, sino que estaban a nombre de bancos o agencias de ventas de vehículos y que, por tanto, no podían  decomisarlos.

Destrucción de documentos

Mientras en las casas de los vinculados a la investigación no hallaron ni a éstos ni documentación valiosa sobre la defraudación financiera, al parecer, en las agencias Escalón y la casa matriz sobre la Calle Gabriela Mistral, ambas de San Salvador, hallaron mucho, según relatan diversas fuentes, a condición de que se les preserve el anonimato.

En una de esas oficinas, las fuentes aseguran que fiscales y policías dieron órdenes para que algunas oficinas no fueran tocadas o ingresara nadie que no fuera del equipo fiscal o policial. Esas oficinas eran ocupadas por personas clave en la conducción de COSAVI, como por ejemplo, Manuel Alberto Coto Barrientos, gerente general, y Héctor Bladimir Cruz Cordero, gerente financiero.

Las fuentes no recuerdan si fueron tres o cuatro las oficinas a las que dieron órdenes de no entrar; lo cierto, aseguran los informantes, es que algunas personas que participaron en el allanamiento se sentaron frente a las computadores al parecer a manipular y supuestamente borrar información, mientras que otras habrían destruido documentos, rompiéndolos y echándolos a un cubo o basurero.

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Tanto en la sucursal del Paseo General Escalón como en la casa matriz había abundantes botellas de vinos y licores importados de Francia, que COSAVI compraba a sobreprecios, a empresas vinculadas a Coto Barrientos, para obsequiar a socios y ahorrantes.

Para los empleados fue hasta aquel 7 de marzo que comprendieron por qué días o semanas antes, algunos ejecutivos se miraban preocupados, nerviosos o ensimismados, mientras que otros habían sido separados de sus cargos en la cooperativa. 

¿Fueron advertidos? 

Entre las varias fuentes consultadas surge la duda sobre si las personas que ocupaban los más altos cargos de dirección y gerencias en COSAVI fueron advertidos de las investigaciones y órdenes de captura en su contra, o fue por mera intuición que escaparon o desaparecieron del país.

Lo cierto es que para cuando el operativo de allanamiento y registros en las agencias de COSAVI e inmuebles de los perfilados por los investigadores (policías y fiscales) como responsables del fraude financiero, la mayoría ya no estaba en el país; o al menos habían desaparecido.

De otros casos, por ejemplo, surgen dudas sobre por qué no están vinculados al proceso cargos que eran claves para detectar el desfalco financiero y el lavado de dinero. ¿Por qué no está ligada al proceso judicial la persona que ejercía como oficial de cumplimiento? o ¿Por qué han capturado al auditor externo pero no a la persona que ejercía como auditor interno en la cooperativa? 

¿Por qué no está vinculada al proceso judicial la persona que presidía la junta de vigilancia? Se pregunta una fuente quien también es afectada por el fraude.

La Ley General de Asociaciones Cooperativas, en su Art. 48 establece: “Los  miembros de los órganos directivos son solidariamente responsables por las decisiones que tomen en contravención a las normas legales que rigen a las Cooperativas, solamente quedarán exentos aquellos miembros que salven su voto o hagan constar su inconformidad en el acta al momento de tomar la decisión o los ausentes que le comuniquen dentro de las  veinticuatro horas de haber conocido el Acuerdo. La responsabilidad solidaria alcanza a  los miembros de la Junta de Vigilancia por los actos que ésta no hubiera objetado  oportunamente”.

Según la memoria de labores de COSAVI del año 2023, quien presidía la Junta de Vigilancia era la abogada Ana Patricia Romero de Méndez. En los documentos judiciales sobre el proceso judicial que en 2024 fueron filtrados por un grupo de hackers, no aparece como vinculada al proceso.

De la Junta de Vigilancia, solo está capturado Edson Valdomiro Coreas Ávalos, quien en apariencia fungía como “secretario en funciones”. Diego Stanley Tejada Jiménez, vocal de la junta de vigilancia también está vinculado al proceso, pero no ha sido capturado. Al menos ninguna autoridad ha informado que haya sido arrestado, como tampoco lo hicieron cuando arrestaron a Eddy Nelson Guerra Guerra, gerente de negocios corporativos.

Desaparecidos…

De acuerdo con los informantes, varias personas que ocuparon cargos gerenciales, en el consejo de administración, junta de vigilancia o comités de crédito y comité de riesgos, desaparecieron mucho antes de que las agencias de COSAVI fueran allanadas por la Fiscalía.

De esas personas hay de quienes no se sabe absolutamente nada, como por ejemplo, del comité de créditos, no se tiene información de Delmy Marcela Coreas García, quien era vocal y  también gerente de operaciones, así también de Héctor Bladimir Cruz Cordero, suplente del comité de créditos y suplente del comité de riesgos, a la vez que ocupaba la gerencia financiera.

También han desaparecido el padre de Héctor Bladimir y una hermana de éste, también vinculados al proceso judicial, según fuentes cercanas a la investigación.

De la Junta de Vigilancia año 2023 no se sabe nada del vocal Diego Stanley Tejada Jiménez (vinculado al proceso judicial) y de la presidente Norma Patricia Romero de Méndez, quien no está vinculada al proceso judicial, a pesar del cargo que ejercía en COSAVI.

En  el caso específico del gerente financiero, algunas fuentes afirmaron que fue privado de libertad por agentes del Estado pero no se sabe más de él, a diferencia del gerente de operaciones corporativas, Eddy Nelson Guerra Guerra, de cuya captura la Fiscalía ni la Policía informaron, pero que se sabe está en el penal de Mariona.

¿Sobrevivió 14 horas y 20 minutos?

Coto Barrientos murió a consecuencia de un accidente de helicóptero, cuando éste se desplomó en una zona rural del distrito de Pasaquina, departamento de La Unión, el 8 de septiembre de 2024, minutos después de que el ejecutivo de COSAVI fuera entregado por policías de Honduras a sus  pares de El Salvador.

En el accidente, de inmediato, murieron otras nueve personas, incluyendo el director general de la PNC, Mauricio Antonio Arriaza Chicas, y otros dos altos jefes policiales que ocupaban puestos clave en la dirección de la institución policial.

Coto Barrientos, sin embargo, sobrevivió aproximadamente 14 horas, aunque de inmediato, varios funcionarios que informaron sobre el caso, afirmaron que había muerto la misma noche del domingo 8, de acuerdo a las fuentes.

Pero el documento es claro al indicar que el lugar de fallecimiento fue en el salón de usos múltiples de la Tercera Brigada de Infantería de la Fuerza Armada, a las 10:45 a.m. Testigos del accidente aéreo indicaron a El Diario de Hoy que el helicóptero se desplomó aproximadamente cuando eran las 8:25 p.m. 

La partida de defunción de Coto Barrientos, asentada en el distrito de Ciudad Delgado, indica que murió a las 10:45 a.m. del 9 de septiembre, en el salón de usos múltiples de la Tercera Brigada de Infantería, con sede en San Miguel.

Este último dato llama la atención precisamente porque el mismo documento indica que recibió atención médica. Si recibió atención médica ¿Por qué se indica que el lugar donde murió es el salón de usos múltiples o porque a esa hora se hizo esa diligencia legal en ese lugar? Dos fuentes que trabajan en hospitales públicos aseguran que lo usual es que cuando alguien muere recibiendo asistencia médica, es porque está en un hospital y es en la camilla donde muere o en la morgue del hospital donde se suele hacer el reconocimiento legal.

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Varias preguntas surgen a partir de la lectura de la partida de defunción: ¿Coto Barrientos no fue trasladado a un hospital?, ¿A qué horas lo trasladaron del lugar del siniestro al cuartel donde, al parecer, murió?, ¿Cuánto tiempo permaneció en ese lugar?, ¿Fue en el salón de usos múltiples donde le dieron la atención médica?.

Mientras tanto, las instituciones estatales involucradas en el caso guardan silencio absoluto. El proceso judicial tiene reserva total, impuesta judicialmente a petición de la Fiscalía.

Además: La fiscalía conocía anomalías financieras de COSAVI desde el 2018