El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó ante la denuncia de la organización de transparencia Alac de que le negaron datos sobre las contrataciones de empleados legislativos de parte de las diferentes fracciones.
“El listado de asesores es público hace ratos. Con nombres y fracción a la que pertenece”, tuiteó el presidente legislativo este martes, junto al link en donde se ubica el listado de nombres de asesores y qué partido lo contrató, un listado que se publicó en la actual administración.
El coordinador de Alac, Wilson Sandoval, le respondió el tuit a Castro y le aclaró que la información que se le denegó es el tipo de contrato que tienen y el sueldo que devengan, datos que la Ley de Acceso a la Información Pública dice que son oficiosos, es decir públicos, y no confidenciales como argumenta el oficial de información de la Asamblea.
“Irse por las ramas para distraer sobre el fondo del asunto, típico. Lo que la Asamblea deniega es: EL SALARIO, el TIPO DE CONTRATO (servicios profesionales/ley de salario) PERIODO de contratación. A lo cual el oficial de información responde que es CONFIDENCIAL”, le respondió Sandoval a Castro.
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Además, le reiteró que “no lo digo yo o los medios, lo dice el oficial de información de la Asamblea” agregó el experto en transparencia añadiendo la respuesta de la Unidad de Acceso a la Información Pública.
Esa entidad de la Asamblea afirmó en su respuesta a Alac que: “La información de nombres, período contratado, forma de contratación, salarios de los empleados que la interesada solicita constituyen datos personales y en su caso información sensible, en consecuencia, es información confidencial, cuya divulgación puede constituir una invasión a la privacidad y una vulneración al derecho fundamental de la intimidad personal de cada uno de los titulares”.
Para fundamentar su respuesta, la oficina legislativa se ampara en jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo en una sentencia de amparo de marzo de 2004, que dice: “Que la divulgación de datos personales de los funcionarios debe realizarse únicamente a la información que estrictamente guarde relación con el desarrollo de su función…”.
Alac solicitó la información del actual período y del anterior, pero ambos fueron denegados.
A juicio de Sandoval, esa información ha permitido conocer casos de contrataciones irregulares.