Los especialistas electorales, Ruth Eleonora López y Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, se muestran sorprendidos por el silencio que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) mantiene ante las reformas electorales que ha realizado la Asamblea oficialista; y en especial, en la derogatoria del artículo 291-A del Código Electoral, que prohibía cambiar las reglas del juego eleccionario un año antes de los comicios.
Si bien es cierto, en la última década, la Sala de lo Constitucional emitió sentencias que modificaron el sistema electoral, éstas no trastocaron la fórmula ni la magnitud de las elecciones legislativas ni las circunscripciones municipales, como sí lo pretende hacer el oficialismo, explica la experta electoral Ruth Eleonora López, en un artículo de su autoría publicado en el “Café Semanal Latam”, creado por IDEA Internacional, organización intergubernamental que apoya a la democracia en todo el mundo.
Mientras que en otro artículo que López escribió el 16 de marzo para el periódico digital El Faro, hace alusión al TSE como un organismo electoral “ciego, sordo y mudo”, ante la pasividad demostrada por los magistrados sobre las reformas y la campaña “ilegal anticipada”. (Ver nota en página aparte).
López detalla que, desde 1963, El Salvador utiliza la fórmula “Hare” de restos mayores para la elección legislativa, considerada la fórmula más proporcional de todas, por lo que un cambio hacia otra fórmula implica afectar a la representación de la población en partidos minoritarios y proporcionar un mayor poder a quien o quienes más votos obtengan.
“La reducción de las circunscripciones municipales es otro de los temas sobre los cuales el partido oficial ha mostrado especial interés en cambiar, en gran medida por el descontento que posee la población con los gobiernos locales -149 de los 262 en manos del partido oficial- ante el incumplimiento de las promesas electorales, producto de la concentración de recursos en el Ejecutivo, afectando notablemente la autonomía municipal y la ejecución de proyectos para la ciudadanía”, asevera López.
Cambios que, a juicio de la especialista, generan condiciones inequitativas y en contra de la jurisprudencia constitucional, esto sumado a otros vacíos a 10 meses de las elecciones “es un mal presagio” para el próximo evento electoral.
Cita, entre ellos, el voto por internet sin experiencia previa, la inexistencia de padrón de salvadoreños residentes en El Salvador, pero en el exterior el día de la elección; sin reglas para incluir a los salvadoreños con pasaporte y en contra de la jurisprudencia constitucional que estableció que solo el DUI vigente es idóneo para identificarse como elector; con una asignación arbitraria de los domiciliados fuera del país en la circunscripción de la capital “y ahora con reglas mutables a conveniencia del actor dominante en el juego. Y todo esto a 10 meses de las elecciones”.
De los cinco magistrados propietarios del ente electoral, solo uno, Julio Olivo, se atrevió hace unos días a desafiar a los diputados sobre la afectación en la reducción de $30 millones en el gasto de las elecciones, granjeándose así el reproche de los parlamentarios oficialistas.
Escobar menciona que el TSE es el llamado a sentar posición si la Asamblea realiza reformas al sistema electoral que perjudiquen o atrasen las elecciones, por ejemplo, dos meses antes del evento electoral; sin embargo, admite que la correlación legislativa de Nuevas Ideas, que tiene la mayoría en la Asamblea, hace que el TSE no tenga incidencia.
“En este momento, sabemos que por más que se pronuncie o se denuncie alguna situación arbitraria que pueda aprobar Nuevas Ideas, eso no tiene ningún efecto, porque tienen los votos y lo hacen”, lamentó Escobar.
Para el experto, era importante que la Asamblea sometiera a consideración previa del TSE los cambios al sistema electoral, para que la entidad se pronunciara sobre las implicaciones que pudieran tener.
Todo esto tiene antecedentes, desde que Nuevas Ideas aprobó la Ley del Voto en el Extranjero, ya que la normativa no fue previamente consensuada con el TSE, sino hasta que fue discutida en la comisión de Reformas Electorales.
Otro ejemplo fue la reducción de $30 millones que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, decidió bajar al presupuesto electoral.
Tanto López como Escobar y el exmagistrado del TSE, Eugenio Chicas, coinciden en que esto violentó la autonomía del TSE. Aclaran que Hacienda debió presentar el monto a la Asamblea tal cual lo previeron los magistrados.
Antes de la derogatoria del Art. 291-A, que prohibía hacer reformas electorales 1 año de las elecciones, la Asamblea también aprobó ampliar el plazo para los cambios de domicilio sin consultar antes al TSE, situación que también tiene incidencia en el calendario electoral que los magistrados ya habían diseñado.