Ayer venció el plazo impuesto por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para que las empresas auditoras presenten sus ofertas de servicio para vigilar y comprobar que el voto electrónico en el exterior se realice de manera transparente y que los resultados sean confiables.
Las elecciones de 2024 en el extranjero para elegir presidente y diputados de la Asamblea Legislativa se desarrollarán de manera diferente a las del territorio nacional.
El TSE ha establecido de acuerdo a la Ley de Voto en el Exterior aprobada por la Asamblea el año pasado, que los compatriotas podrán ejercer el sufragio en dos modalidades: de forma remota por Internet y de manera electrónica, ésta se realizará presencialmente en los consulados o sedes establecidas por el TSE o por Cancillería.
Por eso se hace necesario que el TSE cuente con los servicios de empresas serias y con experiencia en auditar procesos electorales mediante sistemas de informática. Además, porque así lo contempla la ley de voto en el exterior.
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El Diario de Hoy intentó confirmar a través de los magistrados cuántas empresas y cuáles enviaron su solicitud para ser consideradas, pero al cierre de esta nota ninguno contestó.
Sin embargo, la presidenta del TSE, Dora Esmeralda Martínez, mostró urgencia en los últimos días de que varias empresas acudieran al tribunal electoral para presentar su carta de oferta para auditar el voto electrónico.
“¡Si pueden me ayudan a difundir, con esto generamos competencia¡”, escribió la presidenta del Tribunal el pasado 12 de mayo junto al tuit del TSE en el que se publicaron los requisitos que deben cumplir las compañías que deseen participar del servicio. La fecha límite expiró ayer 15 de mayo.
Sin consenso en el TSE
El TSE entrará a otro proceso de selección de la firma auditora del voto electrónico en el exterior sin haber escogido todavía a la empresa que se encargará de diseñar y ejecutar el programa de informática a implementar, para llevar a cabo el proceso electoral en el extranjero.
Fuentes internas del TSE informaron a El Diario de Hoy, que ya se tiene a una empresa definida, pero solo cuenta con dos votos a favor, el del magistrado Noel Orellana y de Guillermo Wellman, más uno concurrente o razonado del magistrado Rubén Meléndez, mientras que la presidenta del Tribunal Electoral es la que más objeciones ha puesto.
En el caso del magistrado Julio Olivo, el funcionario mantiene su posición desde un inicio de no votar por nada referente al voto electrónico en el exterior.
Según la ley de voto en el exterior, ocho meses antes de las elecciones el TSE ya tenía que tener definida a la empresa y listo el sistema a implementar, es decir, que el ente electoral está justo al límite del tiempo.
Para la diputada del FMLN, Marleni Funes, los magistrados ya deben tener listo a quién adjudicarán el voto electrónico. “Están esperando determinado momento para decir: ‘ésta es la que vino’, cuando en realidad puede ser algo arreglado”, afirmó Funes.