La Sala de lo Constitucional “impuesta” por el oficialismo calla ante el incumplimiento de la Asamblea de la sentencia judicial de 2016, que le ordenó aprobar una Ley de Justicia Transicional que de acceso a la verdad y repare los daños ocasionados a las víctimas del conflicto armado de El Salvador, ocurrido en la década de los 80’, cuestionaron varios expertos en derechos humanos consultados por El Diario de Hoy.
Desde que la Asamblea de mayoría oficialista ha tomado las riendas del Órgano Legislativo, la comisión de Justicia y Derechos Humanos lleva casi un año sin retomar el estudio para crear una nueva ley, denunció también la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz.
La parlamentaria y abogados concuerdan en que los diputados de Nuevas Ideas están esperando a que el presidente Nayib Bukele les ordene qué hacer. Ven probable que la ley venga desde el Ejecutivo diseñada a su medida, tal como ha ocurrido con otros cuerpos normativos aprobados en la Asamblea, desde que la legislatura entró en funciones el 1 de mayo de 2021. (Ver más en nota aparte).
Los abogados entrevistados tildan de contradictorio que el oficialismo incumpla con el fallo de crear una Ley de Justicia Transicional, pero sí reconoce como “Hija Meritísima” post mortem a una de las víctimas de la guerra: Rufina Amaya, sobreviviente de la masacre de El Mozote; y emite un pronunciamiento para conmemorar el 16 de enero como el “Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado”.
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“Los pronunciamientos que la Asamblea pueda hacer son una burla para las víctimas que aún esperan una ley integral que permita justicia, reparación y garantías de no repetición”, cuestionó Ruth López, Jefa Jurídica Anticorrupción y Justicia de Cristosal.
Por su parte, David Morales, director de Derechos Humanos de esta oenegé, manifestó que la Sala de lo Constitucional “usurpadora está omitiendo su deber de supervisar la ejecución de lo juzgado”, contrario a la Sala anterior, que hizo tres audiencias de seguimiento desde que emitió su sentencia en 2016 para derogar la Ley de Amnistía de 1993.
La Sala anterior la declaró inconstitucional y mandató a la Asamblea a aprobar una normativa que ofreciera verdadera justicia a las víctimas. Las audiencias fueron realizadas entre 2017 y 2018.
Morales recuerda que, en 2018, la Sala de lo Constitucional anterior dictó una sola resolución, en donde declaraba incumplimientos generalizados de todos los Órganos de Estado responsables de hacer cumplir la sentencia.
En 2020, la Sala hizo otra audiencia de seguimiento. En esa ocasión, uno de los temas centrales fue el bloqueo de los archivos militares por parte del ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy y del presidente Nayib Bukele a las inspecciones de Jorge Alberto Guzmán Urquilla, exjuez de Instrucción de San Francisco Gotera, quien llevaba el caso de la masacre de El Mozote. En abril de 2022, Guzmán Urquilla fue víctima de hostigamiento y amenazas, según denunciaron jueces.
El 1 de mayo de 2021 y aún sin haber emitido la resolución de la última audiencia, la anterior Sala fue destituida de golpe por los diputados afines a Bukele.
“La Sala golpista e usurpadora tampoco ha retomado el tema, ni siquiera ha dado seguimiento ni concluido el proceso de resolución de esa audiencia. Ha abandonado el seguimiento”, lamentó Morales.
Para el abogado constitucionalista, Jonathan Sisco, lo anterior se da porque la Sala impuesta no responde a criterios legales, sino a intereses políticos.
Un claro ejemplo, dice el abogado, es el caso de la suplantación de identidad con la plataforma digital Chivo Wallet para el Bitcoin, que varios abogados promovieron en la Sala impuesta, de la cual hace casi ya un año y los magistrados no han contestado. “Cuando hay un tema que perjudica al gobierno los magistrados no asumen”, ahondó.
Sisco dice que otra muestra de hacia dónde van los intereses del actual gobierno, es que uno de los primeros actos simbólicos que realizó Merino Monroy fue condecorar al Coronel Orlando Zepeda, militar investigado por el caso El Mozote.
Añade que tampoco han cumplido con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de noviembre de 2020, de abrir los archivos militares para resolver el caso de El Mozote.
El Estado también ha ignorado la resolución de supervisión reforzada sobre la investigación penal de diciembre de 2021, tras la negativa de las autoridades del Estado de colaborar para investigar los hechos.
“Hay un doble estándar por parte del Ejecutivo y de los magistrados de la Sala, los magistrados responden a intereses políticos, pero no a intereses legales”, profundizó.
Henri Fino, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), reitera que el Estado no está garantizando el acceso a la justicia de las víctimas, ni busca la verdad de los hechos, incumpliendo así con los cuatro principios básicos que debe contener la Ley de Justicia Transicional.
El rechazo que hace el Ejecutivo del valor que tienen los Acuerdos de Paz es una negación a la verdad, analiza Fino, dado que el gobierno y sus diputados dicen que fueron una “farsa”.
“Mire con las víctimas de El Mozote, una burocracia, trámite engorroso, requisitos tras requisitos para el pago de una indemnización que como víctimas les corresponde por una sentencia de la Corte Interamericana”, argumentó Fino.
Otra situación que el director de FESPAD ve con recelo es que al gobierno no le interesa la garantía de no repetición de los hechos de violaciones graves de lesa humanidad y de violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado.
“Usted cree que con la militarización de la que está siendo objeto el pueblo salvadoreño, el poder que están teniendo los militares en este momento ¿hay garantías que no se vuelvan a hechos como los que se dieron en la guerra? Solo para señalizar los cuatro principios básicos de la Ley de Justicia”, analizó Fino.
Valoró que, así como los diputados afirman que las sentencias de la Sala se cumplen, deberían hacer honor a esas palabras. Según dijo, al gobierno no le interesan las víctimas.