Con 66 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la reorientación de más $10 millones para que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda intervenir las telecomunicaciones.
Se trata de la pieza de correspondencia 4A, que ingresó con dispensa de trámite (sin análisis) que contenía la solicitud del gobierno de Nayib Bukele a la Asamblea para reformar la Ley de Presupuesto 2022 y redireccionar $14 millones a la FGR, de los cuales $10,934,995 serán destinados para la adquisición de "una plataforma tecnológica de vanguardia" para el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones en el marco del régimen de excepción.
Asimismo, en la unidad presupuestaria denominada Defensa de los intereses del Estado, se agregarán $3,065,005 para la línea de trabajo “Acciones Legales a Favor del Estado”.
Durante la discusión de la pieza, los legisladores del oficialismo defendieron tal iniciativa.
"El acompañamiento y el respaldo que la Fsicalía está dando en el marco del Régimen de Excepción es sumamente importante. Por tanto, debemos darle el apoyo presupuestario necesario para que su trabajo se fortalezca", dijo el diputado oficialista, Francisco Villatoro.
En la votación hubo 16 votos en contra, uno de ellos fue el de la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, quien cuestionó el aumento de presupuesto para intervención de comunicaciones.
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"¿Para intervenir las comunicaciones de quién? De los periodistas que destaparon la tregua de este gobierno y de los anteriores?", señaló.
"Votamos en contra de aumentar $14 millones al presupuesto de la FGR. De estos, $10 millones serán usados para comprar software de intervención a telecomunicaciones", escribió el grupo parlamentario de Nuestro Tiempo en su cuenta de Twitter.
"Alertan espionaje"
Tres abogados y un experto en informática advirtieron este martes que la reorientación de fondos para la FGR podrían ser utilizado para posible espionaje.
Coincidieron en señalar que la nueva herramienta tecnológica podría ser una amenaza para los derechos humanos, al recordar antecedentes sobre el espionaje con el software Pegasus, un programa de la empresa israelí NSO Group que adquieren los gobiernos.
En El Salvador a inicios de este 2022 una investigación de Citizen Lab, especializado en ciberseguridad de la Universidad de Toronto, de Canadá, determinó que más de 30 teléfonos celulares de periodistas y activistas fueron infectados con el malware.
"Como ha sucedido en el espionaje mediante Pegasus a periodistas, políticos y miembros de la sociedad civil -incluyendo a los teléfonos de la directora ejecutiva de DTJ y el mío- la intervención de las comunicaciones no solo se usa para combatir la delincuencia sino como un arma de espionaje político e intimidación. Así que esta nueva adquisición en manos de la Fiscalía del oficialismo -de cuya adquisición no tendrá que dar cuentas- podría suponer una nueva amenaza para los derechos de libre expresión, asociación y prensa", dijo José Marinero, abogado y presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ).