La Asamblea Legislativa aprobó ayer por 30 días más el régimen de excepción, una disposición que es “transitoria y excepcional”, según la Constitución, pero que está por cumplir un año de vigencia, el próximo 27 de marzo.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, llevó la petición, asegurando que los detenidos podrían ser acusados de cometer al menos 40,000 homicidios.
El gobierno de Nayib Bukele solicitó a la Asamblea aprobar esa medida tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días, el 27 de marzo del año pasado.
Con esta nueva ampliación siguen suspendidas las garantías constitucionales del derecho a ser informados del motivo de su detención, al plazo de la detención administrativa, que pasó de 72 horas a 15 días y a la inviolabilidad de la correspondencia e intervención de las telecomunicaciones.
Villatoro informó en rueda de prensa que ya trasladaron a otros 2,000 supuestos pandilleros a la mega cárcel de Tecoluca, en San Vicente (CECOT), Centro de Confinamiento del Terrorismo, haciendo un total de 4,000 en confinamiento estricto. Señaló que junto a la Fiscalía están trabajando en una estrategia para acusar a los capturados por pertenecer a grupos pandilleriles y de haber cometido 40,000 homicidios entre 2012 a 2022.
“Estos grupos terroristas van a tener que responder por más de 40,000 homicidios, hagan matemática plana y se darán cuenta más o menos las penas que estamos esperando”, advirtió el funcionario.
La diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, señaló que a la fecha el gobierno debería ya tener un plan integral y permanente de combate a la inseguridad y las pandillas y no seguir prorrogando una medida violatoria de derechos humanos.
Añadió que el gobierno no ha dado respuesta ni reparado el daño a las víctimas mortales, por las cuales nació el régimen de excepción.
“Para las luces , para el show, para reaccionar a la coyuntura sí, pero para establecer soluciones de largo plazo, sostenibles y que vayan en relación a una reparación integral de las víctimas, eso no lo hacen”, recriminó Ortiz.
Al final de un año quedan muchas preguntas sin responder, dijo, por ejemplo, cuál será la explicación que dará el Estado de los señalamientos que se hacen en documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos, sobre la posible participación de funcionarios de la actual administración en negociaciones con miembros de grupos criminales.
El diputado Johnny Wright, de Nuestro Tiempo, expresó que si bien el régimen de excepción goza de apoyo popular, no implica que éste sea el camino correcto a seguir para combatir la inseguridad.
“Insistimos que han habido violaciones a derechos humanos, se ha vuelto algo permanente, no hemos medido el impacto a mediano y largo plazo que esto tendrá en El Salvador. Es la más implícita renuncia al proceso judicial”, lamentó.
Sobre las palabras de las autoridades de seguridad, de que el régimen se aplicará hasta capturar al último pandillero, Wright manifiesta que es el equivalente a decir “que siempre estaremos bajo régimen”.
El último informe del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro y del director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, dan cuenta de que desde marzo de 2022 han capturado a más de 64,000 personas, todas han sido acusadas de pertenecer a pandillas; sin embargo, 3,745 fueron liberadas y más de 57,000 están en detención provisional decretada por un juez.
También informaron el pasado 15 de febrero que han incautado más de $1.7 millones a los grupos criminales; 15,321 teléfonos móviles, 2,326 armas de fuego y 2,945 vehículos. “Mantenemos esa firmeza y contundencia con las nuevas generaciones que todos estos terroristas que, ya son 4,000 (en el CECOT), no van a regresar nunca a las comunidades, colonias, barrios y ciudades”, reiteró ayer Villatoro.
Organismos internacionales y nacionales se han pronunciado en contra de esta medida por violatoria a los derechos humanos y socavar la construcción de una verdadera democracia por la que transitaba El Salvador.
Los diputados oficialistas y las autoridades de seguridad han reafirmado cuantas veces han podido que libran “una guerra en contra de las pandillas” y que el régimen de excepción no parará hasta capturar al último miembro de las maras y que solo así han logrado bajar los homicidios a cifras récord que el país no vivía desde hace años.