Con 77 votos, la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que contiene reformas a la Ley Especial de Ocursos de Gracia (indultos).
Esto va en el sentido de restringir la concesión de este beneficio a quienes hayan sido condenados por delitos de corrupción, delitos vinculados a pandillas, crímenes de lesa humanidad o de guerra y feminicidios.
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Según lo aprobado, “no pueden acceder a la gracia de indulto las personas condenadas en sentencia firme, por los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra; personas que se hayan determinado que pertenecen a organizaciones o grupos terroristas, o cualquier otra agrupación criminal a los que se refieren el Art. 1 de la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal”.
Además, restringe los indultos a los funcionarios públicos que cometan algún delito valiéndose de su cargo, ya sea cometido por ellos o por medio de otra persona, para beneficio propio o ajeno.
Estas disposiciones aprobadas por la Asamblea abarcan tanto a la administración pública actual como a las anteriores.
El texto del decreto es claro: “no pueden acceder a la gracia de indulto las personas condenadas en sentencia firme, por los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra; personas que se hayan determinado que pertenecen a organizaciones o grupos terroristas, o cualquier otra agrupación criminal a los que se refieren el Art. 1 de la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, así como a los funcionarios públicos que cometan algún delito valiéndose de su cargo, ya sea cometido por ellos o por medio de otra persona, para beneficio propio o ajeno”.
En sus considerados afirma que existen también personas que por su calidad de “funcionarios o exfuncionarios públicos”, podrían solicitar indulto y dado que el ejercicio de la función pública requiere que la persona que cometa cualquier tipo de delito vinculado al desempeño de la misma, o en ocasión de sus funciones, responda por él, es pertinente adecuar la normativa y restringir el otorgamiento de dicha gracia a quien valiéndose de su cargo ha defraudado la confianza depositada en él por la población salvadoreña.
Es así que se incorpora un artículo 13-A de la siguiente manera: “No podrán ser indultados los funcionarios o ex funcionarios públicos condenados en sentencia ejecutoriada, por delitos derivados de sus funciones o que sean cometidos prevaleciéndose para ello de sus cargos”.
Reforma “incompleta”
Consultado al respecto, el jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, mencionó que si se aprueban las modificaciones tal como está el dictamen ningún funcionario del gobierno que estuviese siendo procesado o fuese condenado por violaciones a derechos humanos tendría derecho al indulto, pero sí tendría derecho a la amnistía.
“Por eso reitero que si cerraban la puerta la hubieran cerrado bien, porque la amnistía es otro ocurso de gracia que tiene como propósito perdonar el delito”, acotó Portillo Cuadra.
De la letra a la acción el tiempo será el mejor testigo de si la ley se cumple o no. Ambas disposiciones abarcan tanto a la administración pública actual como a las anteriores.
Para el caso, desde la implementación del Régimen de Excepción el pasado 27 de marzo, organizaciones internacionales de prestigio han develado que esa medida ha resultado en graves abusos en contra de la población y en posibles crímenes de lesa humanidad.
La Fundación para el Debido Proceso, Latin American Working Group, la Fundación Internacional de Seatle y la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA), emitieron en junio de 2022 un informe en el que detalla que, si bien las pandillas han tenido un impacto serio y negativo en las comunidades y que éstas son una amenaza a la estabilidad y la paz de las mismas, la implementación del régimen se caracteriza “por masivas e indiscriminadas detenciones, lo que ha resultado en graves abusos y atropellos cometidos por el Estado salvadoreño en contra de amplios sectores de la población, incluidos jóvenes que presuntamente no tuvieron que ver con la violencia que justificaba estas acciones”.
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“La documentación de casos que realiza la prensa y organizaciones de derechos humanos también da cuenta de las graves vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas detenidas. Al ser enviadas a centros penales controlados por pandillas, muchas de ellas sufren extorsiones, torturas y palizas que ya han llevado a varias a la muerte. En otros casos, han muerto por falta de acceso a medicamentos para sus padecimientos o por la crisis de salud desencadenada por su condición de encierro”, reza el informe.
También, al igual que en los gobiernos del FMLN, con su expresidente Mauricio Funes, acusado de corrupción por más de $300 millones de dólares del erario público; en la actual gestión hay señalamientos de posibles actos similares de funcionarios públicos que se habrían beneficiado con las compras de insumos médicos, paquetes alimenticios y otros servicios contratados por varios ministerios durante la pandemia de COVID-19.
No hay independencia judicial
El diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright, explicó que en teoría los delitos de corrupción deberían de ser castigados y según las reformas que se pretenden aprobar no tendrían indulto, pero advierte que el actual gobierno controla el Poder Judicial.
“El corrupto, a mi juicio, a lo que le apuesta es a perpetuarse y asume que cuando está ocupando el cargo, que eso va a seguir para siempre, pero tarde o temprano la justicia llega, ahora no es coincidencia también que en nuestro país se ha desmantelado todo el sistema judicial que ha perdido su independencia y que las presiones a las cuales son sometidos los jueces, los magistrados son grandes y por lo tanto, los fallos van de acorde a esas presiones y a las solicitudes que les hace el gobierno o miembros del partido oficialista”, apuntó Wright.
Propuesta “muy valiente”
En cambio para la diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, la propuesta es “muy valiente” porque se supone que deberían ser retirados del beneficio de la gracia de indulto a quienes cometan crímenes de lesa humanidad.
Esto incluye, a su criterio, las “desapariciones forzadas después de una detención arbitraria, casos de corrupción que vemos en funcionarios del pasado y actualmente que también tienen señalamientos”.
La diputada Rebeca Santos, de Nuevas Ideas, sostuvo que “gracias a las reformas de la Ley Especial de Ocursos de Gracia, quienes cometan graves delitos no podrán evadir la justicia”.