La a Asamblea Legislativa aprobó una serie de reformas a la Ley Orgánica Judicial relativas a la competencia de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Santa Ana, Cuscatlán y Usulután durante la sesión plenaria de este martes.
Según la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el órgano realiza periódicamente evaluaciones y estudios sobre la carga administrativa que tiene cada uno de los juzgados y solicitó, con base a eso, ampliar las facultades de los Juzgados de Vigilancia y del Cumplimiento de la Pena de Cuscatlán y Usulután, para que tengan competencias sobre el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT).
Asimismo, se aprobó brindar facultades a los Juzgados de Santa Ana, que está relacionado con el cumplimiento de la pena en ese departamento.Por ser de reciente creación el Centro Penitenciario de Seguridad y Máxima Seguridad de Tecoluca, San Vicente, no está definido el Juzgado de Vigilancia y de Ejecución de la Pena que tendrá competencia sobre él.
Según la solicitud de la CSJ, no es viable que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Vicente asuma la competencia del Centro Penitenciario de Seguridad y Máxima Seguridad de Tecoluca por tener una carga laboral más elevada, en comparación con los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Cuscatlán y Usulután.
Además, los parlamentarios están a favor de ampliar la competencia de los Juzgados Primero y Segundo de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Santa Ana para que de forma conjunta y equitativa ejerzan su competencia en el Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana.
Actualmente, el Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena ejerce sus labores sobre personas internadas en el Centro Penal de Apanteos; mientras que, el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena ejerce su vigilancia en la Penitenciaría Occidental y el Centro Penal de Metapán.
Otras medidas
En mayo de este año los diputados oficialistas aprobaron las observaciones hechas a la Ley Orgánica Judicial, sobre la creación de Juzgados de Garantía y Tribunales contra el Crimen Organizado, para que entraran en funciones desde el 1 de junio.En estos tribunales los investigadores de la Fiscalía General de la República acuden en el desarrollo de investigaciones penales para validar la intervención de las telecomunicaciones, según el decreto.
Los Juzgados de Garantía y a la Competencia Contra el Crimen Organizado fueron lo que solicitaron a partir de “saturación de trabajos administrativos” por las altas cifras de capturas por el régimen de excepción.